La docente del CEC 801 de Moreno fue secuestrada, golpeada, introducida en el baúl de un auto, donde las tres personas que la atacaron le escribieron en el abdomen, con un punzón, en un claro acto de tortura: “Ollas no”. La leyenda alude al trabajo que vienen realizando los docentes, en esa escuela, para dar de comer a los alumnos y realizar en las plazas del barrio clases al aire libre porque los colegios de la zona están cerrados en repudio a la muerte Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
“Se trata de una situación de una gravedad inaudita para una sociedad que se piensa democrática, dado que nos retrotrae a las prácticas fascistas que imperaron en el país durante la última dictadura cívico-militar. Lo que los miserables que llevaron a cabo esta tortura entienden por hacer política no es ni más ni menos que trabajar para darles un plato de comida a cientos de niñas y niños que tienen hambre, asumiendo una tarea en la que el Estado permanece ausente. Dar de comer, estudiar, tratar con cariño, enseñar y dejar todo nuestro esfuerzo en las aulas es la manera que tenemos las y los docentes de hacer política y luchar por un futuro mejor para generaciones de argentinas y argentinos”, agrega.
“Frente a un episodio de semejante gravedad, enviamos nuestra solidaridad a las compañeras y al SUTEBA, a la vez que hacemos responsable al gobierno bonaerense por ser una obligación del Estado bregar por la seguridad e integridad de las ciudadanas y ciudadanos en toda la provincia. Por la memoria de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, como sindicato no vamos a tolerar que se pretenda naturalizar las prácticas fascistas y criminales del mismo modo en que se está queriendo naturalizar la pobreza”.
Del mismo modo se manifestó el gremio de AGDU expresando su absoluto repudio a la agresión perpetrada contra De Bonis: “Advertimos sobre la gravedad de este hecho, que nos retrotrae al pasado más oscuro de nuestro país y que pone en peligro la vida democrática de nuestra sociedad y exigimos a las autoridades de Nación y de la provincia de Buenos Aires que activen las acciones necesarias para lograr el inmediato esclarecimiento de este terrible e increíble acto de violencia contra una trabajadora de la educación, que es también contra la comunidad educativa y contra la sociedad toda”, remarca. “Sostenemos que es obligación del Estado mantener la paz social y cuidar la seguridad y la integridad de la ciudadanía”.
