“Pero el camino judicial es sólo un camino. También estamos trabajando muy fuerte con los legisladores para conseguir la sanción de un proyecto de ley que obligaría al Gobierno a devolver los descuentos. No descartamos ninguna vía, porque enfrente nos encontramos con una postura muy cerrada”, dijo César Baudino, titular de Agmer.
De los seis paros cumplidos por los maestros desde que se inició el ciclo lectivo 2009, en el marco de un puja que busca, primordialmente una rediscusión salarial, el Gobierno ya descontó cuatro jornadas. Aunque a fin de mes, serán siete los días no pagados, con lo cual un maestro de grado que percibe el mínimo, 1.490 pesos, perderá en cinco meses un tercio del salario.
Hace diez días, el STJ confirmó el fallo que en primera instancia había rechazado una acción de amparo presentado por un grupo de directores de escuela que habían pedido ser relevados de la obligación de tener que informar qué docentes cumplen paro, y cuáles no, información clave para que el Gobierno aplique las quitas salariales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, consideraron que la vía del amparo resulta “inadmisible”, por cuanto existen otros caminos judiciales, dijeron, para canalizar el reclamo.
Respondió así a un planteo hecho por un grupo de directivos —Margarita Díaz, directora de la Escuela Especial Nº 31 Portales de Amor, de Cerrito; Viviana Rodríguez, directora de la Escuela Especial Nº 3 Carolina Tobar García, de Paraná; y Sergio Dines, director de la Escuela Nº 54 Tomás Guido, de Crespo—que pretendían que la Justicia declarase inconstitucional la resolución Nº 521 del CGE por la que se ordenó aplicar la sanción de “llamado de atención” a los docentes que se nieguen a informar los listados de los docentes huelguistas.
Según esa directiva, los directores departamentales de Escuelas quedaron facultados “para que, previa identificación del personal directivo docente que no informó la no concurrencia del personal docente de su dependencia, motivadas en paros de dicho personal durante el año 2008, procedan a aplicar a los mismos la medida de llamado de atención, con registro en su legajo personal”.
Antes, el titular del Juzgado Laboral Nº 4, Santiago Morande, había rechazado el planteo docente, resolución que el STJ confirmó.
Desde que los maestros iniciaron las huelgas, el 2 de marzo, con la inauguración del ciclo lectivo 2009, la administración del gobernador Sergio Urribarri ha hecho pública su decisión de no pagar los días no trabajados, amparándose en una directiva de 2007, dictada por el ex gobernador Jorge Busti, que ordenó liquidar a los estatales sólo los días efectivamente trabajados, descontado las jornadas de paro.
En ese camino, el titular de Agmer sostiene la tesis de que la resolución del conflicto educativo sólo se conseguirá en el terreno político. “Por eso hemos gestionado nuevamente audiencias con el Gobernador, y también con la presidenta del Consejo de Educación, Graciela Bar. Pero nos han cerrado todos los caminos, en una actitud suicida. Encima, con los cálculos que dan a conocer sobre nivel de ausentismo, parece que la política educativa que aplican es solamente para la mitad de los docentes que concurre a trabajar”, postuló Baudino.
Mientras, avanzan con las negociaciones con los legisladores provinciales para que pueda prosperar un proyecto en la Legislatura que insta al Ejecutivo a la devolución de los montos descontados.
Fuente: El Diario
