A través de la mencionada norma, firmada el pasado jueves 1 de agosto por el gobernador Gustavo Bordet, se establecen “zonas de exclusión” en un radio de 100 metros terrestres y 500 metros aéreos con relación al centro del casco de las escuelas rurales, mientras que la distancia establecida en octubre de 2018 por el juez Oscar Benedetto, ratificada luego por el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, es de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos.
Para justificar esta nueva medida, desde el gobierno se incorporan “áreas de restricción” en las que se extiende la prohibición en 500 metros terrestres y 3000 metros aéreos, aunque la misma solamente alcanza a determinadas clases de agrotóxicos, con lo cual se mantiene allí la habilitación para diversos tipos de fumigaciones. No puede a su vez pasar desapercibido el modo en que la norma se refiere en todo momento a “productos fitosanitarios”, lo que constituye un claro eufemismo para evitar hablar de “agrotóxicos”, en una evidente estrategia para disimular las implicancias de un término tan contundente como apropiado.
Sumado a esto, en el Decreto N° 2239/19 aparecen como novedad dos cuestiones igualmente preocupantes. Por un lado, la creación en cada establecimiento educativo rural de “unidades centinela” y “unidades de control”, encabezadas por la autoridad escolar, sobre las cuales recaerá la responsabilidad de controlar las fumigaciones. Por el otro, la medición de las distancias a partir del centro del casco y no del perímetro, con lo cual se posibilita incluso la aplicación de agrotóxicos en terrenos que forman parte de algunas escuelas.
Contrariando lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia y desconociendo los numerosos estudios científicos sobre el tema, donde se da cuenta en forma precisa e inobjetable de las terribles consecuencias que los agrotóxicos tienen sobre el ambiente y la salud de las poblaciones rurales, el gobierno provincial vuelve a poner de manifiesto su opción por priorizar la ganancia de los grandes productores y dar la espalda a miles de entrerrianos y entrerrianas que ven vulnerado uno de sus derechos más elementales.
Como organización sindical que viene acompañando con firmeza la lucha ambiental y formó parte junto al Foro Ecologista de la demanda contra el gobierno, ratificamos nuestra postura irrenunciable a favor de un modelo productivo sustentable, donde el beneficio económico de los terratenientes no esté por encima del cuidado del ambiente y de la salud de las comunidades educativas rurales.
