Los trabajadores nos encontramos frente a la unión de los poderes concentrados de la economía, que a través de sus representantes en los gobiernos nacional y provincial pretenden imponer un retroceso en nuestros derechos, con modificaciones en la legislación laboral, desregulando aquellos puntos en que la justicia debe ejercer su rol protector hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Eliminación de indemnizaciones por incumplimiento en la registración, extensión de la jornada laboral hasta 10 horas, sin pago de horas extras, reducción de aportes patronales (destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo), son algunos de los puntos sobresalientes de la embestida. Con la misma falsa idea de los ’90 de que si se le eliminan cargas laborales a las corporaciones empresariales se “aumenta el empleo” y “en blanco”, se esconde una brutal transferencia de recursos desde los trabajadores a los sectores del capital que solo tiene por objeto aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas.
De la misma forma y de la mano de estas modificaciones, una vez más somos los trabajadores los cuestionados a la hora de intentar imponer cambios en nuestro sistema previsional, bajo los supuestos “privilegios” de algunos sectores. El gobierno nacional y sus medios hegemónicos aliados avanzan con una ofensiva para reformar el sistema previsional, desmantelar el ANSES, volver a las AFJP y obligar a las provincias que no transfirieron sus cajas a “armonizarse” con el régimen jubilatorio nacional.
La ley sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la Nación, engañosa por su nombre “de reparación histórica” no es más que legislar para avanzar con el vaciamiento de los sistemas previsionales en nuestro país modificando derechos conquistados hasta aquí por el conjunto del movimiento obrero organizado. Los docentes, así como otros trabajadores, tenemos un régimen jubilatorio que asegura DERECHOS vinculados a las condiciones y contextos en que se desarrolla nuestra tarea, y no estamos dispuestos a cederlos.
En Entre Ríos las declaraciones del gobernador de la provincia y del presidente de la Caja de jubilaciones y Pensiones, nos ponen en alerta al señalar que existen sectores de “privilegio” e irregularidades que deben modificarse, exigimos que las mismas se digan públicamente y que no se hable a medias estigmatizando a ningún sector de trabajadores portadores de derechos ganados con lucha.
Ante esto no seremos espectadores.
Ratificamos las resoluciones unánimes de nuestros congresos sobre estos temas y convocamos a todos los trabajadores de la educación entrerriana a mantenerse en estado de alerta y movilización ante cualquier propuesta o discursos que avance en vulnerar derechos adquiridos durante décadas de lucha.
Así mismo, convocamos a todas las organizaciones sindicales a realizar los esfuerzos necesarios para enfrentar en unidad esta nueva embestida contra los trabajadores y sus familias.
