El plenario recalcó que debe existir una instancia permanente de negociación a lo largo del año y que los montos acordados en la paritaria nacional, se tomen como piso y no como techo por parte del gobierno provincial. Simultáneamente, reiteraron el pedido de devolución de los días descontados por paro y que los sueldos sean abonados antes del día 5 de cada mes.
Por otra parte, se solidarizaron “con las luchas ambientales llevadas adelante en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina y, en ese marco, nos sumamos a los reclamos por la derogación de la Ley 10.092 de entrega de las Islas del Delta”.
Asimismo sostuvieron el compromiso en la defensa irrestricta del régimen jubilatorio. “Ante cualquier tipo de reforma estaremos junto a todos los trabajadores, luchando por el sistema previsional vigente”, sostuvieron.
Al mismo tiempo, rechazaron la creación del ministerio de Educación. “Hace peligrar la autonomía del CGE diluyendo la representación de los trabajadores en el gobierno de la Educación”, argumentaron.
Por otra parte, denunciaron la “improvisación” con que el CGE pretende implementar el proyecto de Extensión de Jornada en algunas escuelas primarias de la provincia. Consideraron que es un engaño a la sociedad presentar esas escuelas como de “Jornada Completa” “cuando no lo son, en un proceso totalmente unilateral”. Y añadieron hasta el momento hubo una larga sucesión de improvisaciones: “la puesta en marcha de este proyecto se realiza sin contar con normativa al día de la fecha; sin respaldo edilicio; sin previsión presupuestaria para el funcionamiento de los comedores escolares, partidas de limpieza, mobiliario, etc”.
Agmer consideró que la implementación se llevó a cabo completamente al margen de un proceso de diagnóstico institucional y sin participación de todos los actores involucrados. “A espaldas de la representación gremial; relativizando no sólo los mecanismos de concursos para la adjudicación de las horas que extenderían la jornada, sino también el carácter ‘titulado’ de la labor docente. A todo esto, se suma el inminente comienzo de las actividades educativas y que se han elegido para esta implementación comunidades muy vulnerables que, junto a los docentes, pagaremos el costo de esta situación si se sigue avanzando en estas condiciones”, explicaron.
Por ello exigieron al gobierno posponer la implementación del proyecto hasta tanto todos los actores tengan participación en él y que estén garantizadas las condiciones infraestructurales, laborales, económicas y pedagógicas necesarias, además de respetar la normativa concursal, de licencias, el escalafón y el estatuto del docente.
