Cuando el próximo lunes los docentes comiencen a percibir los salarios de marzo, se encontrarán en los cajeros con una novedad: la aplicación de los descuentos por los días de paro.
Según los números oficiales, un maestro que cobra el mínimo de bolsillo, 1.490 pesos, soportará quitas que rondan los 140 pesos, casi el triple del aumento que otorgó el Gobierno a partir del 1º de este mes, y que para el cargo testigo, el maestro de grado, significan 45 pesos.
La orden de descontar los días de huelgas fue dispuesta por el Consejo General de Educación (CGE) a través de la resolución Nº 458 que fija pagar los días “efectivamente” trabajados frente al aula.
La norma fue severamente cuestionada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que no sólo pidió la derogación de esa directiva, sino también la devolución de los días descontados en 2008 (cuatro en total, por los días 20 y 21 de agosto, y 20 y 27 de octubre) y la apertura de una negociación salarial.
El sindicato rechaza la última oferta que dio el Gobierno, que elevó el mínimo garantizado de bolsillo de 1.445 a 1.490 pesos, y pide un aumento de 500 pesos sobre el salario básico.
Los datos que maneja el Gobierno dicen que el 50 % de los 33.500 maestros se plegó a las medidas de fuerza en 2009 (suman 3 días de paro al principio del ciclo lectivo, entre el 2 y el 4 del actual), y sobre esa franja de docentes se aplicará la quita en los haberes de marzo.
Pero lejos de replegarse, los docentes aprobaron seguir con las medidas de fuerza, aunque de menor intensidad. Para este viernes, está prevista una nueva huelga, de 24 horas, tal como lo aprobó el congreso provincial de Agmer, que se reunió el 20 de este mes en Nogoyá. “Vamos a movilizar a toda la provincia, con el objetivo de que el Gobierno salga de la intransigencia, y de esa actitud de falta de respuesta hacia los docentes”, planteó César Baudino, titular de Agmer.
El dirigente dijo que el sindicato sigue planteando “las mismas banderas desde que asumimos la conducción, el 2 de marzo, esto es la devolución de los días descontados, la derogación de toda normativa relativa a los descuentos y a la sanción por ejercer el derecho de huelga, y la apertura de una negociación salarial seria”.
Pero además, el sindicato pretende conocer qué destino se le dio a los recursos que la Provincia retuvo por aplicación de los descuentos salariales en 2008. “Nadie del Gobierno salió a explicar qué se hizo con los recursos, con los salarios expropiados de los bolsillos de los compañeros por los paros de los días 20 y 21 de agosto, y 20 y 27 de octubre. No hubo ninguna respuesta, y eso que está en el acta de la Dirección de Trabajo, que nosotros pusimos para que el Gobierno haga público qué hizo con los recursos”, señaló Baudino.
El sindicato también cuestiona severamente el texto de la resolución Nº 521, del 4 de este mes, que dispuso aplicar un llamado de atención a los directores que no informen sobre ausencia del personal docente en la escuela durante los días de paro.
“En el Estatuto del Docente, ese tipo de sanción que aplica la resolución 521, un llamado de atención en el legajo, no está reglamentado, no está legislado –observó Mónica Ruiz Díaz, secretaria de finanzas del sindicato docente—. Se pretende crear una norma en marzo de 2009 para castigar una supuesta irregularidad en el accionar de los directivos ocurrida aparentemente en 2008. Es decir, se crea la norma con posterioridad al hecho”.
De igual modo, aseguró, aún cuando se pretenda aplicar una sanción, antes de llegar a esa instancia hay un proceso en el que el afectado tiene instancias de defensa para argumentar por qué tuvo determinado accionar. “Pero acá la 521 sólo aplica el llamado de atención. O sea, no hay derecho a la legítima defensa, se crea una norma para castigar una acción previa, y así contraría todo principio de la legalidad”, subrayó.
Por fuera de las sanciones, Agmer reiteró el pedido al Gobierno para que abra una instancia de negociación. Lo hizo por cuanto “en la paritaria, que es el ámbito que tendría que presentar una oferta, el Gobierno fue directamente a decir que no a todos los pedidos. En ninguna de las tres audiencias se pudo habilitar una discusión, una negociación, en la que nosotros pudiéramos plantear nuestra demanda de máxima”, observó Ruiz Díaz.
Por eso, por la modalidad que tuvo la negociación paritaria, es que Agmer presentó en la Justicia una querella por práctica desleal contra el Gobierno. “La querella tiene que ver con eso. En ninguna de las tras audiencias, se había podido efectivizar para qué fue convocada. Por eso la práctica desleal”, añadió.
“En realidad, lo que decimos es que no quieren resolver el conflicto y por eso no buscan ningún ámbito de discusión serio, y prefieren directamente castigar”, observaron los dirigentes.
Fuente: El Diario
