El aumento del salario mínimo de bolsillo para el sector docente, llevándolo a 500 pesos, la duplicación de la asignaciones familiares y la marcha atrás del Consejo General de Educación (CGE) de extender el ciclo lectivo para recuperar los días perdidos por huelgas son medidas que tributan buena parte de las pretensiones del sindicato.
Las relaciones entre Ascúa y los dirigentes gremiales han mejorado sustancialmente. En los últimos días se produjeron varias reuniones entre la cúpula sindical y el presidente del CGE, Felipe Ascúa, quien se comprometió a realizar gestiones para que se cumplan otras dos exigencias: la aprobación en la Legislatura de la demorada Ley de Concursos y la titularización de los trabajadores de las escuelas intermedias.
Según resolvió el último congreso de la entidad, durante la segunda quincena de noviembre debe realizarse el 12º paro del año. El miércoles 24 el plenario de secretarios generales, junto con la Comisión Directiva, debe evaluar los últimos acontecimientos y decidir si concreta la medida de fuerza poniéndole fecha o si la deja en suspenso ad referéndum del próximo congreso, el único órgano gremial habilitado para adoptar esa determinación.
El principal factor de desconfianza que obstaculizaría la suspensión lo constituyen los tiempos de los legisladores, puesto que persiste el malestar por la demora que ha tenido el tratamiento del Régimen Jurídico.
Diferencias inter-gremios
Uno de los aspectos conflictivos es la representatividad que tendrá cada gremio en una futura comisión paritaria. En la reunión de hace dos días entre las entidades y las comisiones de Trabajo y de Legislación General de Diputados, Agmer y ATE insistieron con una conformación proporcional de acuerdo a la cantidad de afiliados, con un piso de 25% para la minoría. En el caso del sector educativo quedaría excluida la Unión Docentes Argentinos (UDA).
El otro punto en debate es la determinación del árbitro en la mediación en conflictos. El proyecto oficial propone que sea la Dirección de Trabajo, mientras que ATE y Agmer plantean la creación un Instituto Paritario autónomo y con tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado que durarían ocho años en funciones.
