Agmer intenta frenar mediante amparos los descuentos a los docentes por las huelgas

Pero la estrategia será puntual: primero el sindicato resolvió avanzar con pocos casos, y si el recurso prospera, habrá presentaciones en cadena en contra de la disposición del Consejo de Educación. Por estas horas, se espera una sentencia judicial en ese sentido, mientras varios directivos avanzan con sus respectivos planteos judiciales.
Según admitió la secretaria adjunta de Agmer Paraná, Alejandra Gervasoni, ya son tres las presentaciones hechas: Margarita Díaz, directora de la Escuela Especial Nº 31 Portales de Amor, de Cerrito; Viviana Rodríguez, directora de la Escuela Especial Nº 3 Carolina Tobar García, de Paraná; y Sergio Dines, director de la Escuela Nº 54 Tomás Guido, de Crespo.
La resolución que cuestiona el sindicato ordenó imponer a directores y rectores un “llamado de atención” cuando expresamente se nieguen a elevar las listas de los docentes que se adhieran a las huelgas dispuestas por los sindicatos.
La medida se dispuso a través de la resolución 521 que facultó a los directores departamentales de Escuelas “para que, previa identificación del personal directivo docente que no informó la no concurrencia del personal docente de su dependencia, motivadas en paros de dicho personal durante el año 2008, procedan a aplicar a los mismos la medida de llamado de atención, con registro en su legajo personal”.
Para eso, Educación se apoyó en el texto de la resolución Nº 2.565, del año 2008, por la que se creó el denominado Manual de Funciones para Informar Novedades de los Establecimientos Educativos. Allí se establece que es obligación de los directores informar “toda inasistencia, ausencia o incumplimiento de funciones de los agentes a su cargo”.
La norma fija taxativamente que “el directivo escolar es un agente público con responsabilidades en el procesamiento de la documentación, en la conducción de personal, en la custodia de bienes y en definitiva en la prestación efectiva del trabajo que desempeña”.
Y en ese marco sostiene que los directores que no informaron sobre los docentes que adhirieron a los paros incumplieron “un deber propio de la función a su cargo, que resulta relevante para la gestión educacional, toda vez que la información omitida dificulta y aún imposibilita las consecuencias administrativas de la inasistencia del personal a sus funciones, como son el registro y liquidación de haberes”.
En opinión del CGE, la no remisión de listados con los docentes huelguistas constituye “una conducta no acorde con la función educativa por parte de aquellos directivos, que la autoridad educativa no puede dejar de ponderar en orden a una correcta prestación del trabajo que desempeña en su dimensión de gestión administrativa, que resulta indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema educativo provincial”.

Ya Agmer había llevado el conflicto sindical con el Gobierno a la Justicia no bien entendió que había fracasado la instancia de negociación a nivel de la mesa paritaria. Entonces, planteó una querella por práctica desleal, que todavía se tramita en Tribunales, en el Juzgado Laboral Nº 3.
La presentación se hizo después de que no prosperara un intento de acuerdo en el seno de la Dirección Provincial de Trabajo, que se constituyó como árbitro, según lo establece la Ley de Paritaria Docente. La Ley de Paritarias Nº 9.624 establece que ante el fracaso de la negociación en esa instancia, “cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la conciliación obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto”.
Pero en vez de continuar la vía que impone la Ley de Paritarias, el sindicato fue a la Justicia para reprocharle al Gobierno por haber actuado de “mala fe” y porque “vació” ese ámbito de discusión.
Entonces, el representante legal de Agmer, Héctor Fischbach, explicó que “la ley de paritarias es inédita y el artículo sexto obliga a las partes a negociar de buena fe, lo que significa no actuar de manera tramposa. El Gobierno adujo una discusión salarial que ya había sido planteada al gremio y que había sido rechazada, por lo que planteada en iguales términos significaba una chicana”.

Fuente: El Diario

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