“Ley de Financiamiento Educativo
Para recuperar la igualdad de oportunidades para nuestros alumnos.
Para alcanzar un salario docente unificado a nivel nacional.
El modelo educativo menemista no va más: la balcanización del sistema por vía de la transferencia educativa a las provincias y la fragmentación producida por la aplicación de la Ley Federal de Educación hundieron a la Escuela Pública argentina en la peor crisis de sus historia.
La aplicación de la Ley Federal expandió la matrícula en el Nivel Inicial y Medio.
Al mismo tiempo que la transferencia achicó la inversión educativa con el retiro del Estado nacional que dejó de pagar salarios y sostener escuelas en las provincias.
¡Más alumnos con menos presupuesto!
Esto produjo:
• Caída y deterioro de las condiciones de enseñanza de nuestros alumnos.
• Institucionalización de circuitos educativos diferenciados.
• Empobrecimiento cultural y reducción de los horizontes educativos de la Escuela Pública.
• Ajuste y achatamiento de las remuneraciones docentes en base a congelamiento de la antigüedad, pago en negro, reducciones, etc.
• Crecimiento exponencial de la desigualdad educativa y salarial entre las distintas jurisdicciones del país.
Hoy la desigualdad y el empobrecimiento son el signo distintivo del sistema educativo argentino.
Comparemos a modo de ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa y Salta:
Producto Bruto Geográfico por habitante
C.A. de Bs. As. Entre Ríos Formosa Salta
$26.000 $5.192 $3.003 $4.800
Datos: CEPAL
Gasto educativo anual por alumno
C.A. de Bs. As. Entre Ríos Formosa Salta
$1.371 $900 $675 $648
Asignación para Comedor Escolar
C.A. de Bs. As. Entre Ríos Formosa Salta
$3,16 $0,59 $0,30 $0,25
Estas intolerables distancias convierten en letra muerta el precepto constitucional de la igualdad de oportunidades y posibilidades en el derecho social a la educación.
La ausencia del Estado Nacional estimula un mecanismo perverso de la injusticia:
A más pobreza, menos educación
A menos educación, más explotación y exclusión social
Así la escuela ya no constituye una herramienta para reducir las desigualdades. Por el contrario, las reproduce, vaciándose de todo sentido democrático e integrador.
El estallido de la crisis devaluatoria en el 2001 agregó un nuevo mazazo demoledor.
El Presupuesto Educativo entre el 2001 y 2002 descendió casi un 40% en términos reales. El posterior incremento del monto del incentivo y del compensatorio sobre un nuevo valor de $ 700 inicial por cargo en todo el país, no alcanzó a mitigar el impacto de la devaluación y la inflación. Por otra parte, el resto de las carencias que afectan a nuestros alumnos siguen constituyendo un problema de gravedad extrema que debe empezar a resolverse ya con cambios de fondo.
El modelo educativo menemista está agotado
Y no es solamente una crisis por falta de recursos.
Es una crisis estructural: en un país con un producto bruto interno per cápita con un abanico de valores tan desigual, el modelo neoliberal de la transferencia de la responsabilidad del sostenimiento total de salarios y de escuelas a manos de las provincia, ha sido letal.
Las provincias solas no están en condiciones de financiar la educación y mucho menos de remontar la demolición de los salarios docentes de los últimos 15 años.
Todas usan entre el 85% y el 95% de sus presupuestos educativos, nada más que para pagar magras remuneraciones con alta incidencia de montos en negro, que achatan la escala salarial y pulverizan los ingresos de los jubilados.
A esto hay que agregar que la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que están sometidas desde el año pasado, les impide aumentar el gasto corriente – los salarios – si no tienen superávit fiscal, previa deducción de la deuda que tienen contraída con la nación (Programa de Financiamiento Ordenado).
En estas condiciones el modelo de financiamiento de Estado Nacional ausente, terminó siendo un laberinto sin salida para la Escuela Pública argentina que hoy enfrenta el dilema de encontrar una salida o seguir en permanente estado de crisis.
Las trabajadoras y trabajadores de la educación estamos llamados a jugar un papel fundamental para terminar definitivamente con el modelo educativo de desigualdad y exclusión heredado del menemismo.
Tenemos hoy la oportunidad histórica de movilizarnos y a la vez convocar a otros sujetos sociales a constituir un movimiento, capaz de realizar una amplia articulación de expresiones comprometidos con la educación pública concebida como un derecho social que, sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna índole, tenga como garante indelegable al Estado Nacional en corresponsabilidad con las provincias.
La distribución de la riqueza es inescindible de la distribución del conocimiento.
Del mismo modo que resulta inescindible la suerte que corran las legítimas demandas docentes del destino de la escuela pública misma.
Por eso tenemos que aunar la fuerza de la demanda de la comunidad educativa para más y mejor educación, con las que formulamos desde CTERA , para construir el sujeto social que movilizando a los sectores populares instale en la agenda pública, los ejes convocantes para construir una alternativa superadora, que contemple:
1. La sanción de una Ley de Financiamiento Integral Educativo.
2. La sanción de una Ley Nacional de Educación Pública que restituya un proyecto educativo argentino, sin la fragmentación ni las zonas de exclusión que hoy tenemos.
Las propuestas básicas para iniciar el camino del debate deberían contemplar en relación con el primer punto:
1. Estipular en 6 puntos del PBI el piso mínimo de inversión educativa, garantizado por la Nación y por las provincias.
2. Establecer una graduación de tres años para completar ese objetivo. Cada punto del PBI equivale a unos $ 4 250 millones, aproximadamente la actual inversión representa poco más del 4% del PBI. De manera que estamos proponiendo un incremento en tres años de unos $ 8 500 millones.
3. Establecer una cláusula que determine de manera análoga a la Ley del FONID, la direccionalidad y la inviolabilidad de los recursos que deberán tener fines específicos.
4. Establecer como tales:
a) consolidar, en corresponsabilidad con las provincias, un salario docente unificado a nivel nacional.
b) De manera análoga, un Fondo Nacional compensatorio de desigualdades en relación con la inversión, para garantizar el acceso y permanencia de nuestras alumnas y alumnos en un sistema público que les brinde a todas/os la oportunidad de acceder a la mejor educación. Hay que rescatar el sentido de pertinencia que sirva para construir conocimientos válidos, valores y pensamiento crítico.
5. Establecer una cláusula que garantice la transparencia en la distribución y asignación de los recursos. Es necesario darle rango de ley a la participación de la comunidad educativa y del gremio docente en el conocimiento, discusión y control del manejo de los presupuestos educativos.
Junta Ejecutiva de CTERA”
