El espíritu de la carta se sintetiza en una oración que define que la educación “no se mide en cantidad de días sino en el acceso al conocimiento”. Luego argumenta que “lo que para algún funcionario implica ‘expectativas de logro’ en cantidad de horas, para el docente del día a día en la escuela, se define como conciencia social de la realidad a modificar”.
Además, añaden, el mandato fue caratulado como “inclaudicable” ante el plenario y cualquier ámbito de negociación. “Queda muy en claro que bajo ninguna circunstancia se aceptará la posibilidad de acuerdos sobre la base de ceder límites a las acciones gremiales”, indica la misiva. Los gremialistas se basan en las “irregularidades que se suceden en distintos departamentos bajo la acción de funcionarios que actúan arbitrariamente en diversos hechos del acontecer educativo”.
La propuesta
Los ejes de demanda se articulan en diversos ítems: salarial, laboral, jurídico y pedagógico. En el aspecto salarial, la propuesta pretende elevar, en forma retroactiva al mes de julio y como punto de partida para una recomposición salarial “seria y responsable”, el valor del punto índice a 0,60 centavos.
Un aumento de esa naturaleza permitiría un aumento “real en cada docente independientemente del nivel, modalidad o a la calidad de jubilado” y “potenciar en el escalafón docente los cargos de mayor carga de punto índice, particularmente directivos”.
Además, proponen lograr en el corto plazo llevar el salario por encima de la Línea de Pobreza demandado por el Congreso provincial. “Esto implicaría una Valoración del Punto Índice en 0,7826 centavos, actualizándose desde esa instancia acorde al costo de vida”, explicó.
La propuesta destinó un apartado al ítem laboral. Allí se propuso un “inmediato plan previo al próximo ciclo lectivo” que apunte a la “ampliación y construcción de edificios escolares” atendiendo al crecimiento demográfico de la población y a la creciente demanda de matriculación escolar.
También se contempla la “plena vigencia del seguro escolar para el alumnado”; “tratamiento legislativo de una Ley de Accidentes de trabajo para los docentes”; “pago de la deuda de comedores escolares y actualización de costos” y el “pago de deuda y actualización de costos al transporte escolar”.
En cuanto al aspecto jurídico, el documento exige a la Justicia un dictamen acerca de las resoluciones del C.G.E., a las que califican de “persecutorias” y “represivas” del derecho de huelga, “rechazándolas por su carácter inconstitucional y lamentables para la vigencia de un estado de derecho”.
Además, el rechazo se traslada a la Resolución 0275 porque entienden que “algún funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de una intervención encubierta, intenta asignar y/o delegar en la Dirección de Trabajo Provincial, funciones que le competen y que para la provincia le son ajena por ley”.
Incluso proponen denunciar a funcionarios de la Supervisión Departamental de Federal por “la acción persecutoria de derecho laboral, olvidando en muchos casos sus anteriores incursiones sindicales oportunistas”.
El último ítem analizado es el pedagógico. En ese apartado, ratifican la vocación de trabajar en la construcción social de una nueva Ley Nacional y Provincial de Educación, de carácter “nacional” y “popular” y “que contenga equitativa e igualitariamente al conjunto de la sociedad”.
