Dos son las figuras legales que se utilizan para reubicar personal docente: la afectación y la adscripción, aunque en ambos casos los recursos para pagar los salarios del personal trasladado salen de las arcas de Educación. En el caso de la afectación, el docente es trasladado de la escuela donde cumple función para cumplir tareas en algún otro organismo que depende del CGE; en la adscripción, en cambio, el maestro pasa a desempeñarse en un área distinta dentro de la estructura del Estado. La reubicación de Turriani se produjo mediante una afectación.
“A todos los que renuncian, el Gobierno les da un cargo” dijo Madoz
Con sorna, la titular de Agmer, Marta Madoz, se quejó por el hecho de que “a todos los que renuncian, el Gobierno les da un cargo”, al dar cuenta que la reubicación de Lucila Haidar, de vocal del CGE a coordinadora del Ministerio de Gobierno, se haría en principio mediante una adscripción ya que su nombramiento demanda una reforma de la orgánica, “que todavía no está hecha”. Y alertó además que “todas esas designaciones y afectaciones se pagan con fondos de Educación, y en la mayoría de los casos se hacen utilizando horas cátedra en escuelas que después se quedan sin la posibilidad de designar a alguien que quede al frente de los alumnos”.
De todos modos, Madoz dijo que es “falso” que haya en la provincia un número elevado de docentes en calidad de suplentes, y aseveró que el promedio no supera el 8 % sobre el presupuesto total del área, aunque reconoció la existencia de “un gran desorden administrativo, que impide hacer un seguimiento de las altas y bajas”. De todas formas, cuestionó las afectaciones y adscripciones que, dijo, son “designaciones políticas no blanqueadas que lo único que hacen es ocupar horas cátedra en las escuelas. Y se da el caso de que hay departamentales que ya han agotado su límite de suplencias, y entonces, producto del traslado de docentes a cargos políticos, en muchas escuelas un mismo maestro está al frente de dos o más divisiones porque no se puede designar al suplente”.
Las reubicaciones de personal en cargos políticos fueron, desde el principio de la actual gestión, eje de declaraciones cruzadas entre los dirigentes de Agmer y los funcionarios de Educación, aunque lejos de haberse frenado, las afectaciones de personal “no sólo que continuaron, sino que se agravaron”, según dijo Madoz. Al respecto, refirió lo que ocurre en San Salvador, donde las suplencias superan largamente el nivel permitido, y generan situaciones de conflicto: la existencia de personal docente que, habiendo cumplido su plazo de suplente, todavía no ha podido conseguir que le liquiden el sueldo. “Y en otros departamentos, como Gualeguaychú o Nogoyá, no nombran suplentes y obligan a un mismo docente a estar al frente de más de una división”, añadió.
El caso de Turriani
El martes 6 de julio el Gobierno decidió que José Turriani había “cumplido un ciclo” al frente del Consejo General de Educación (CGE), y decidió su relevo, aunque en las horas posteriores no pudo definir quién lo sucedería, tras un par de intentos frustrados. La sorpresa se conocería un día después, el 7, cuando el Poder Ejecutivo resolvió ubicar en su lugar al radical Felipe Ascúa, quien recién se sentó en el sillón de presidencia del cuarto piso del Palacio de la Educación el martes 24 de agosto.
Pero después de haber pasado por la función pública, José Turriani no volvió al llano a ocupar de nuevo su puesto de maestro de tercer grado en la Escuela Nº 1 Vicente López y Planes, de Federal, de donde había salido en diciembre pasado para ejercer la titularidad del Consejo de Educación. La resolución 2.618, del 29 de julio, firmada por los vocales Lucila Haidar, Carlos Suárez y Roberto Matteoda, aprobó su afectación para “cumplir funciones en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos”, sin especificar qué tipo de tareas se le asignaban.
De esa forma, Turriani no volvió al aula, y su lugar seguirá ocupado por un suplente.
