La decisión de suspender la medida se basó en la preservación de sus afiliados y de la entidad sindical “de cualquier riesgo de sanción ante la eventual declaración de la ilegalidad de las huelgas previstas, acorde a lo establecido en el Estatuto de la entidad (art. 17) y de las obligaciones fijadas por el mismo a la Comisión Directiva Central”.
Agmer Central decidió denunciar “la práctica patronal de cercenar el derecho de huelga utilizando estrategias dilatorias y sectores de la justicia cómplices, repudiando la actitud del gobierno y de la justicia adicta que tratan de evitar el reclamo legítimo de los trabajadores”.
La cédula de la jueza Bértora notifica acerca de que la Defensoría de Pobres y Menores de la Provincia de Entre Ríos inició una demanda contra los tres gremios docentes que convocan a paro para los días lunes 27 y martes 28 y ordena la no ejecución de la huelga y movilización previstas hasta tanto se defina la cuestión de fondo.
La comisión Central del sindicato convocó además a un plenario de secretarios generales para el próximo miércoles 29 de julio con el objeto de informar las acciones judiciales realizadas.
Rechazo Rojo y Negro
La decisión adoptada no fue la que habían planteado más temprano las seccionales Rojo y Negro. Una de ellas, Agmer Paraná, pidió garantizar el paro de 48 hs y la movilización provincial dispuesta por la mayoría de los trabajadores.
El argumento fue la disconformidad planteada en el Congreso del 2 de marzo en Diamante contra la intromisión judicial y ratificar que “el ejercicio regular del derecho de huelga no comporta la afectación del derecho a educar y ser educado, que las medidas de acción establecidas por AGMER, previa al inicio de clases no vulneran ni restringen el derecho de educación de los alumnos de la Provincia de Entre Ríos y han sido establecidas conforme las normas constitucionales vigentes, no alteran el ciclo lectivo 2015, no perjudican irreversiblemente el derecho a ser educados ni generan desigualdad entre alumnos de escuelas públicas y privadas”, tal como quedó expresado en el acta del 6 de abril ante la justicia laboral.
'Partido judicial'
En tanto, la agrupación Integración emitió un comunicado dando cuenta de que el gobernador Sergio Urribarri “busca dar una solución judicial a cuestiones que su incapacidad no le permite solucionar políticamente. Una vez más acude a la justicia buscando ocultar el conflicto existente. Una vez más se contradice entre lo que proclama en los medios de comunicación y lo que hace en la práctica”.
“Analizando la situación salarial docente encontramos varias contradicciones del Gobernador. La primera, la más evidente, es que mientras en los medios nacionales o en los spots de campaña habla de una provincia con muy buenos indicadores económicos, tiene el tupé de decir que son los mejores indicadores de la región, cuando llega la hora de discutir salarios plantean sus funcionarios que no hay plata para los trabajadores ya que la situación financiera es crítica”, indicaron en otro párrafo.
“Otra contradicción, de neto corte ideológico, es que mientras en sus discursos cuestiona el neoliberalismo que identifica con la década del ´90, durante su gobierno se descontaron los paros a los docentes siendo el gobierno de Urribarri el único gobierno provincial que descontó y no devolvió los haberes a los trabajadores adheridos a huelgas legitimas decididas democráticamente por el sindicato que los representa. Esta actitud de descontar es de neto corte neoliberal y anti-sindical”, señalaron.
“Como a Urribarri no le alcanzan los descuentos para ocultar el conflicto docente, acude a la justicia y encuentra jueces oficialistas y obsecuentes que no osan contradecirlo. Si, el mismo que a nivel nacional se queja del llamado ‘partido judicial’ en Entre Ríos acude a ese ‘partido judicial’ para tratar de disimular la existencia de un conflicto en la educación pública”, resaltaron.
“La jueza Bértora ordena suspender el paro pero ese mismo juez no se preocupa por las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas. Ese mismo juez no se preocupa porque el gobierno provincial no garantiza las partidas de limpieza en tiempo y forma ni en cantidad suficiente. Tampoco le preocupa a la señora juez que el Estado Provincial no se haga cargo del pago del servicio de emergencias médicas ni que destine mayores fondos por alumno que asiste al comedor escolar. Debería mirar la jueza Bértora la situación en las escuelas y ordenarles a los representantes del Estado Provincial darle solución en plazo perentorio. Lógicamente para la jueza resulta más fácil dictar órdenes a los trabajadores que a los patrones”, resaltaron desde Integración.
“Desde Agmer actuamos en la legalidad, aunque la legalidad de este juez este teñida de partidismo y diste de ser autónoma, no vamos a llevar a nuestros compañeros docentes al camino de la desobediencia judicial pero tampoco vamos a dejar que nuestros derechos sean pisoteados y vulnerados. En lo judicial apelaremos ante los tribunales superiores y en lo sindical mantendremos el nivel de movilización”, añadieron más adelante.
“Sabemos de la bronca y el enojo que genera la falta de respuesta por parte del gobierno a nuestra genuina demanda, bronca y enojo que se ven aumentadas por este fallo judicial. Entendemos que la manera de forzar al gobernador y a la justicia a dar una respuesta distinta es mantenernos en unidad puesto que a esta lucha la damos todos los docentes entrerrianos”, indicaron por último.
