Desde el gremio docente aseguran que es el colmo del neoliberalismo que, “en medio de la persecución a los trabajadores y de la continuidad del ajuste contra el pueblo, el gobierno provincial entregue el monitoreo de la educación pública al capital financiero y a la lógica del mercado”.
“Nuestra política de resistencia pedagógica, de soberanía pedagógica y cultural reafirma que la educación es un derecho y no una mercancía ni mucho menos un apéndice ideológico del imperialismo y del capitalismo”, señalaron desde Agmer Central.
“Necesitamos una discusión de políticas educativas y presupuestarias serias y profundas de cara a un Bicentenario que nos exige cortar la dependencia neocolonial y el neovirreinato del BID como también del capital transnacional”, indicaron.
“La Educación Pública es un derecho político – social y es la principal herramienta para iniciar una transformación social y cultural; no es un debate de tecnócratas y marketineros. Necesitamos debatir las bases de una educación popular entrerriana soberana de cara a los desafíos que genera el Siglo XXI. En Entre Ríos hay actores educativos y culturales que están dispuestos a esta gran tarea”, se asegura en el documento.
“La memoria histórica y genealógica de las luchas populares revolucionarias, entrerrianas y litoraleñas, por el federalismo, la independencia y la emancipación social, y el respeto a las heroicas luchas docentes y obreras de nuestra tierra entrerriana hace que sea inaceptable, para nosotros, la entrega de la riqueza, el potencial y el futuro entrerriano, al poder concentrado nacional y transnacional”, afirma la nota.
“Los responsables con nombres y apellido de aplicar estas políticas en Entre Ríos es el Gobierno de la provincia a través de sus funcionarios”, dice la nota por último.
