El gremio que nuclea a los docentes universitarios entrerrianos se movilizó junto a otros sindicatos, movimientos sociales, trabajadores de ámbitos públicos y privados, jubilados, comerciantes, estudiantes, pequeños y medianos productores, cooperativas, espacios políticos y vecinalistas. Todos advirtieron que el ajuste “no se va a pagar con el sufrimiento de los entrerrianos”.
La marcha partió desde las Cinco Esquinas y llegó hasta Plaza 1º de Mayo, donde se realizó un acto central con la presencia del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; la titular de Ctera, Sonia Alesso; y el titular de Suteba, Roberto Baradel.
Desde la comisión directiva de AGDU se cuestionó principalmente el ajuste que el gobierno de Mauricio Macri aplica a la educación, a la ciencia y la tecnología. “Esta política afecta a la educación pública en todos los niveles. En la universidad pública, la sub-ejecución presupuestaria, la ejecución tardía de partidas y los recortes paralizaron programas necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario. La política del gobierno de Cambiemos produce el ahogo presupuestario y condiciona el normal funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país”. Se cuestionó también el vaciamiento de la Anses y la destrucción del sistema previsional argentino, que se verá agravada a través de la Reforma de la Ley previsional que impulsa Macri, a instancias de FMI.
Documento
En el acto se leyó un documento consensuado entre todas las organizaciones participantes, en el que se advirtió que “luego de 3 años de la gestión Cambiemos los trabajadores somos quienes sufrimos las consecuencias de las políticas de este gobierno”.
“Los tarifazos que sufre la sociedad argentina se han hecho en conjunto con un brutal ajuste premeditado que se caracteriza por la reducción sistemática del poder adquisitivo de la clase trabajadora y el pueblo; el ajuste de jubilaciones y pensiones; la apertura de importaciones; el aumento de la desocupación; la devaluación y el aumento del costo de vida”, se remarcó. Todo esto produjo “pobreza y hambre; generalizada caída de ventas en los comercios; reducción de los presupuestos educativos, de ciencia y tecnología y la situación crítica que atraviesan las Universidades Públicas; desaparición del Ministerio de Salud; suba de las tasas de interés y la timba financiera; incremento de la deuda externa”, lamentaron.
En el texto, las organizaciones hicieron un repaso de lo ocurrido en Argentina durante 2018, cuando se registraron 37.341 despidos en el sector industrial; 16.303 cesantías en el Estado; 13.470 despidos en las empresas de servicios; 1.581 en la construcción; y 1.001 personas en el sector primario.
Remarcaron además que “durante el ciclo 2016/2019, la incidencia de las tarifas sobre el salario mínimo, vital y móvil, pasó de menos del 10% a casi el 25%”. En ese sentido, subrayaron que “tener tarifas justas y razonables constituye un derecho humano básico en el siglo XXI”.
“Seguiremos en la calle enfrentando este modelo de hambre y pobreza. Decimos a Macri que no se va a pagar el ajuste con el sufrimiento de los entrerrianos”, subrayaron.
