Las AFJP significaron un desfinanciamiento del sistema de seguridad, donde el estado seguía aportando a cada jubilación o pensión por discapacidad con el 75 % aprox. del haber y todo el sistema de salud, para el afiliado y su grupo familiar. La sangría que sufrían esos fondos fueron constantes, compra de acciones, con una sobrevaluación de hasta el 600 %, al grupo Clarin.
Donde esta y otras empresas nunca pagaron los dividendos que generaban las mismas, ni durante la existencia de las AFJP ni cuando el Estado se hizo cargo de los mismos. Casos emblemáticos fueron cuando el ex secretario de Comercio Exterior Guillermo Moreno y el ex ministro de economía Axel Kicillof pretendieron participar en las Asambleas Accionarias del Siderar (Grupo Techint) y de Clarín.
En el año 1994 comenzaron a operar 26 AFJP y al 2008 solo quedaban 10, con un decidido camino al monopolio en el mercado. Cuatro (04) de ellas pertenecían a bancos, dos (02) a compañías de seguros y las demás se repartían entre obras sociales privadas y gremios.
Pero lo más escandaloso del periodo de existencia de las AFJP fue que estas llegaron a cobrar en conceptos de comisiones hasta el 54 % del aporte que hacia el trabajador. Y en todo el tiempo de la vigencia de las AFJP se llevaron, en conceptos de comisiones, la friolera suma de 9.000 millones de dólares.
Se llegó en los años 90 y principio del 2000, más bien en toda la era de Cavallo ministro, a que el Estado solicitaba fondos para financiarse a las AFJP y esta le cobraba exorbitantes intereses. Pero lo llamativo, asombroso e incomprensible era que el trabajador realizaba aportes que conllevaba el pago de comisiones y a su vez el Estado debía pagar los intereses por los préstamos. O sea, que el trabajador seguía pagando por la propia plata que el mismo prestaba.
En el mes de noviembre de 2008 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envía un proyecto de ley para eliminar el sistema de capitalización, por ende a las AFJP y con el consiguiente traspaso obligatorio de los fondos capitalizados por los trabajadores al sistema estatal de repartos. Esa iniciativa del Poder Ejecutivo se hizo ley el 04 de diciembre de 2008 (Ley 26.425).
Cuando se produjo el traspaso, el 5 de diciembre de 2008, los fondos estaban valuados en 98.224 millones de pesos y el 31 de octubre la valuación era de 612.000 millones, lo que significa un crecimiento de 524,2 %. Si hacemos el cálculo en dólares al 5/12/08 eran 28 mil millones y al 31-10-15 (Dólar Blue) era de 39.000 millones de Dólares. Estos datos echan por tierra de que el Estado es mal administrador.
Con la nacionalización de los fondos que poseían las AFJP, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se encuentra compuesto por títulos públicos, acciones de empresas líderes, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, valores representativos de deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias.
El rendimiento de los activos fue utilizado como fuente de financiamiento para programas de seguridad social que incluyeron los programas de Conectar Igualdad y PRO.CRE.AR., hoy por hoy disueltos.
El sistema de reparto (31-10-15) permitió que la cantidad de trabajadores con cobertura social ascendiera a 6,06 millones (92 % más que los 3,16 millones de 2003). A través de la Anses, que administra los fondos estatales, se incrementó del 30 % al 93 % la cantidad de jubilados con cobertura, 100 % en medicamentos se incrementó de 9 000 a 1 400 000 jubilados. Las pensiones no contributivas pasaron de 0,18 millones de beneficiarios (en 2003) a 1,6 millones (en 2015).
Con la sanción de la ley denominada “ómnibus” ley 27260 se habilito a la venta de los activos, que es de donde el Poder Ejecutivo se está financiado, ni más ni menos que “con la plata de los jubilados”.
El dato significativo en el que debemos reparar, al día de hoy, es que el valor de los diversos tipos de activos financieros que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de alrededor de 39.000 millones de dólares, que no puedo transcribir en forma exacta porque todos los días el Anses se desprende de parte de ellos.
Esta ley también menciona que se creará una comisión para discutir el sistema previsional. Pero lo que omite, es decir que los cambios se harán sobre la base de un régimen público y de repartos. Solo expresa que "Se creará el consejo de sustentabilidad previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, solidario y sustentable". Como podemos observar, en ningún momento dice que este régimen debe ser público y de reparto.
Si a estos datos le sumamos que el Ministro de Trabajo, Dr. Jorge Triaca se expresa en esta dirección, de la vuelta de las AFJP y uno de los Ministros del Gobierno Nacional es el Ing. Francisco Cabrera fue CEO de la compañía de fondos de pensiones Maxima AFJP, podemos cantar BINGO sin ruborizarnos.
Los legisladores entrerrianos que votaron esta ley, “denominada ómnibus” fueron Carolina Gaillard y Lautario Gervosini (FPV), Cristina Cremer (FR), Marcelo Monfort y Yanina Gayol (Cambiemos). Senadores Nacionales Pedro Guillermo Ángel Guastavino; Sigrid Elisabeth Kunath (FPV); Alfredo De Ángeli (Cambiemos).
La denominada ley ómnibus incluyo el blanqueo de capitales, el pago de los juicios a los jubilados y la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias. Que a la luz de los acontecimientos fueron un verdadero fracaso, pero lo que si se está produciendo, al pie de la letra, es la dilapidación de los fondos de los jubilados.
La vuelta a un régimen previsional privado nunca fue una posibilidad remota, sino que es una situación que ya ha sido planteado (07/11/2015) por la diputada Juliana Di Tullio cuando era presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados expreso "si el líder de Cambiemos "manda a reprivatizar" YPF o las AFJP su bancada votará "en contra" para "defender la patria". http://www.telam.com.ar/notas/201511/126313-di-tullio-macri-ypf-afjp.php.
Lo que si tenemos por cierto y palpable, que se aprobó una ley que le permitió al gobierno desprenderse de parte de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son el alma del actual sistema jubilatorio de reparto, y la consecuencia buscada es la vuelta a la acumulación, en manos privadas, de los fondos de los trabajadores, cobro comisiones, que los grandes centros de económicos encuentren financiamiento “fácil” que costeen sus emprendimientos, fuguen ganancias y tener de rehén al Estado, o sea a todos nosotros.
