Los agentes de Seguridad Social relevaron que ninguno de los 19 empleados a su cargo estaba registrado. Además, hallaron menores trabajando y las condiciones en que prestaban sus servicios eran indignas: sin elementos de seguridad, expuestos a todo tipo de riesgos laborales y sanitarios, sin cobertura de seguridad social ni jubilatoria y con salarios muy por debajo de los sueldos debidos.
Asimismo, la AFIP presentó una denuncia penal tributaria por evasión, asumiendo la calidad de querellante, lo que originó el procesamiento del empresario puesto que también se detectaron omisiones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado por parte de la firma.
Cabe destacar que la apelación presentada por su defensa fue rechazada. La confirmación del procesamiento, por parte del tribunal superior, implica que se encuentra firme y ahora deberá enfrentar el juicio oral que, ante una condena por culpabilidad, podría sufrir una pena de entre dos y seis años de prisión.
