Los últimos operativos de fiscalización realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrieron en distintos puntos del país severas irregularidades en negocios vinculados al sector productivo, ya sea el cerealero como cárnico. El fin es “blanquear” y “defraudar” a las arcas de Estado, según las investigaciones realizadas por el organismo de contralor en provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
“En Entre Ríos, la práctica delictiva más común que hemos detectado es la compra de facturas apócrifas en el sector denominado de actividad primaria, o sea todo lo vinculado a acopio, cerealeras, aceiteras, frigoríficos o agroalimentos”, contó el contador Daniel Tortore, director de AFIP Paraná, al ser consultado sobre la problemática más común en la provincia.
El funcionario aclaró que en la provincia no hay usinas generadoras de facturas “truchas”, pero sí hay muchos consumidores. No obstante resaltó que “hemos detectado algunas usinas –máquinas para imprimir facturas– pero muy pocas”. Por medio de este mecanismo se reduce el impuesto a pagar aumentando los gastos de manera ficticia.
“Hay algunos que compran sólo la factura y no el servicio. Otros adquieren granos en negro y le compran a otro fulano la factura, porque esto le permite valerse de documentación para no pagar el impuesto por lo que obtuvo en negro”, y añadió: “Hay otros que compran factura sin ningún servicio, eso se denomina salidas no documentadas cuando se factura un servicio que nunca existió. Por ejemplo me rectificaron el motor del camión o varios camiones y tengo la factura por ese servicio que jamás se realizó”.
El “falso gasto” reduce por el mismo monto la totalidad de los ingresos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El costo habitual del falso comprobante, suele ser igual a la mitad del IVA facturado en el mismo. Estas prácticas son duramente sancionadas, ya que se genera un daño importante a las arcas del Estado. Si la AFIP detecta la irregularidad, el contribuyente se encuentra sujeto a las multas y penas por defraudación previstas en la Ley de Procedimiento o en la Ley Penal Tributaria, de acuerdo al monto evadido. “Acá no hay víctimas, acá hay cómplices, ya que una persona no adquiere una factura apócrifa inocentemente”, detalló el profesional.
En ese sentido el titular de la AFIP Paraná afirmó: “En la provincia hemos detectado compras de facturas por montos muy importantes”. En este tipo de negocios los perjuicios al erario público son millonarios, ya que muchas veces se demora un tiempo en la detección del evasor y esto permite que se realicen manejos de fondos importantes.
La AFIP cuenta con información precisa de los posibles emisores de facturas apócrifas. “Hay un listado, es más complejo, pero allí consultamos”, contó Tortore, quien subrayó: “Hemos detectado personas de bajo poder adquisitivo que compran y venden mucho y hasta monotributistas que realizan movimientos que superan su categoría”.
El funcionario destacó la efectividad que están teniendo los controles que se realizan en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. La AFIP tiene oficinas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay. Desde esos puestos se diagraman operativos que abarcan todo el territorio provincial, relató el funcionario. También el profesional indicó: “Tratamos de llegar a la mayor cantidad de contribuyentes, pero siempre con previos filtros que nos permiten llegar a la persona que está realizando una maniobra ilegal. Ahora venimos realizando grandes operativos donde interviene mucho personal para realizar un minucioso control que incluye el relevamiento de todo los empleados”.
Inspecciones
Los agentes fedatarios son inspectores de la AFIP que actúan como compradores de bienes y locatarios, de obras o servicios, para constatar el cumplimiento por parte de los vendedores o locadores de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas operaciones.
“Estamos haciendo muchos controles de este tipo y hay muchos infractores en especial en las zonas céntricas”, dijo Tortore, quien precisó a diario Uno que desde prestigiosas firmas a pequeños comercios de distintos ramos de actividad ubicados han sido penalizados como resultado de irregularidades detectadas.
