Uno de los cambios importantes realizados al proyecto original enviado por el Ejecutivo, es un artículo que impide una futura reprivatización de la empresa. Además, el precio de la operación será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
“Lo medular del proyecto original, que era el apoyo al acta firmada por el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime y los responsables del Grupo Marsans, fue modificado. No avalamos ese acta, y el precio final de las acciones de la empresa que deberá pagar el gobierno nacional, tendrá que ser aprobado por el Congreso Nacional”, afirmó Zavallo.
“El mensaje hacia la sociedad es claro: no estamos para aprobar nada a libro cerrado. Acá se trabaja, se debate y se decide con independencia de criterios”, afirmó el legislador entrerriano.
Asimismo, Zavallo sostuvo que: “debemos mantener operativas estas empresas, mantener los puestos de trabajo, pero sin hacernos cargo a ciegas de un pasivo que no le corresponde afrontar a todos los argentinos”.
Por su parte, Petit expresó que del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional sólo quedó el artículo primero que es el que autoriza al rescate de las acciones. Pero se modificaron especialmente el art. 2º, que se refería al acta acuerdo y el sistema de tasación de la empresa que era uno de los más cuestionados, así como lo referente a la posibilidad de reprivatizar, que deberá ser aprobada por una ley del congreso, una vez definido el costo final.
Petit dijo que no pensaba aprobar el proyecto como fue enviado porque “no era claro, no se tenían y no se tienen aún datos del activo y pasivo de la empresa”. No obstante, remarcó que “una cosa es dar una carta en blanco para que el Ejecutivo haga lo que quiera y otra hacer que sea el Congreso el que verifique y apruebe los gastos hasta el 31 de diciembre de 2008 y el valor de compra”.
Además, expuso que Aerolíneas es una empresa que no presta servicios en Entre Ríos y por lo tanto: “mi responsabilidad como legisladora entrerriana es mayor, porque no puedo endeudar al millón trescientos mil habitantes de mi provincia que no obtienen ningún beneficio por ello”.
También dejo en claro que la autorización final dependerá del Congreso, después de realizarse la tasación por el Tribunal de Tasaciones. “Ese será el momento en que deberemos evaluar las inversiones a realizar y sobre todo la deuda a pagar”, indicó la legisladora.
