Con el voto afirmativo de 42 senadores del oficialismo y aliados se aprobó la ley que determina que el Estado nacional debe, a partir de ahora, «instrumentar los mecanismos necesarios» para cubrir las necesidades financieras» de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios.
En tanto, el grupo Marsans, a través de un comunicado manifestó su desacuerdo con la medida e informó que se disponía a iniciar una presentación ante el tribunal internacional del CIADI.
La decisión de expropiar a ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el gobierno luego de que fracasó un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
Según el proyecto, la expropiación apunta a «garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga».
En ese marco, en no más de seis meses, un organismo designado por el gobierno deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
Desde el oficialismo, el senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía «un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001».
Calcagno detalló cómo en los últimos meses el Estado nacional fue reduciendo el déficit de Aerolíneas, y advirtió que el gobierno tuvo que salir a garantizar el servicio aéreo porque la empresa «dejó de pagar las tasas de seguridad y la nafta». «Estamos hablando de un costo pero también estamos hablando de efectos benéficos», resaltó Calcagno, para quien «las deudas exigibles» de Aerolíneas «son sólo de 500 millones».
En sintonía, el titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos, advirtió que «el 65 por ciento de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento» la empresa «por los intereses y los insumos que están comprometidos».
«Si ese 65 por ciento no se garantiza esta aerolínea no vuela», insistió Ríos, para quien la inversión del Estado en Aerolíneas «no tiene por qué ser superavitaria» porque el servicio aéreo «no es rentable en ningún lugar del mundo».
En cambio, la oposición, que reclutó 21 votos en contra, renovó sus cuestionamientos a la iniciativa oficial en los puntos referidos a la deuda que el Estado deberá asumir a partir de la expropiación.
El radicalismo de la Cámara alta, representado por Gerardo Morales, apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la firma del acta-acuerdo con Marsans, que comprometió al Estado a «comprar» Aerolíneas, lo que -dijo- derivará en un juicio futuro «multimillonario» del grupo español contra Argentina.
Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una «nueva empresa» y con el inicio de acciones legales a través de la Procuración contra Marsans para «lograr el resarcimiento por los perjuicios causados» por el grupo español.
