El IAPV recordó que la venta o cesión de derechos de las viviendas se encuentran expresamente prohibidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el organismo autárquico provincial. Además la prohibición no sólo resulta de dominio público sino que en especial es permanentemente advertida e informada por el IAPV a los aspirantes y adjudicatarios en todos los procesos de adjudicación y venta de unidades habitacionales. En consecuencia, las transacciones que se realicen en contravención a la reglamentación vigente resultan nulas para el IAPV.
Por lo tanto, el IAPV hizo saber que, para el supuesto de que se detecte y confirme la realización de ventas, cesiones, locaciones, comodatos o cualesquier otra transacción, “tanto el adjudicatario como el tercero co-contratante resultaran excluidos inmediatamente del Registro Único y Permanente de la Demanda Habitacional y no podrán acceder en lo futuro a viviendas construidas”. Además, dejaron en claro que pueden disponer “el inmediato desalojo de los ocupantes irregulares e ilegales como así también la promoción de acciones judiciales por los daños y perjuicios”.
La Presidente inauguró en persona las 600 unidades habitacionales en Colonia Avellaneda que demandaron una inversión de más de $ 82.022.143. Ese día, Cristina destacaba que la entrega de las 600 viviendas en Colonia Avellaneda y otro centenar en Concepción del Uruguay implicaba que casi 2400 personas cumplan “el sueño de la casa propia”.
