Por ese motivo anticiparon que, luego de concentrarse en el objetivo prioritario —que la joven discapacitada deje el hogar Nuestro Lugar dependiente del Consejo del Menor, donde está alojada desde el 27 de agosto por disposición de la Justicia—, iniciarán las acciones legales pertinentes para solicitar el jury para ambas funcionarias judiciales.
El planteo central que esgrimen estas organizaciones es “que se cumpla efectivamente el artículo 86 del Código Penal Nacional, en cual se contempla la práctica del aborto como no punible en los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo sea producto de una violación sobre la mujer idiota o demente”.
Es por eso que entienden que “la intervención de la Justicia —por la medida cautelar de la defensora Piterson a la que hizo lugar la jueza Salomón— impidiendo la aplicación del citado artículo es un claro avasallamiento al derecho adquirido”. Asimismo, consideran que “se ha constituido una doble violación cuando el Estado no garantiza la investigación y la sanción del delito de violación de la que fue víctima la joven”.
Las representantes de las organizaciones convocantes al encuentro de ayer en Diputados sostuvieron que “cada hora que pasa repercute en contra de la joven y de los derechos que tiene la madre para tomar la mejor decisión respecto a su hija”.
Por otra parte, según confirmaron en la conferencia de prensa, la chica discapacitada fue internada ayer en el Hospital San Roque para realizarle estudios, y está acompañada por su madre y una cuidadora del hogar.
Denuncia
Respondiendo las declaraciones que la defensora Piterson hizo a EL DIARIO, publicadas en la víspera, las mujeres adujeron “situaciones de violencia” en el proceso que se da partir de la intervención de la Justicia y denunciaron que “la madre de la chica fue engañada al hacerle firmar la autorización para que el Consejo del Menor la interne en el hogar Nuestro Lugar” el 27 de agosto.
Asimismo, replicaron la afirmación de Piterson acerca de la necesidad planteada por la defensora de contar con la autorización del padre biológico, argumentando que “hace más de 15 años que no tiene contacto con la familia”.
Las organizaciones convocantes al encuentro de ayer fueron, entre otras la Fundación Mujeres Tramando, el Equipo de Prevención de las ITS y el Sida de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Inadi, investigadoras y docentes de la Facultad de Trabajo Social, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asociación Sexológica de Paraná, Mupea, el Foro por los Derechos de la Mujeres, el Equipo del Proyecto de prevención de la violencia en los noviazgos, la vicerrectora de la UNER y las diputada provinciales Beatriz Montaldo
