Acusado de regentear menores para prostituirlas, portar armas y drogas, goza de prisión domiciliaria y la causa no tiene testigos

En una audiencia realizada el mes pasado, a la que la prensa no puedo acceder por ventilarse en la misma información referida a delitos de índole privado, el imputado Horacio “Ñoño” Benítez fue confinado a prisión preventiva domiciliaria, mientras se investigaban las acusaciones en su contra, por los delitos de “portación ilegal de arma de fuego” y una causa anterior por “abuso sexual” de una joven con capacidades diferentes.
La audiencia se realizó poco después de que el imputado fuera detenido el 12 de junio en Moulins y C. Veiga, cuando conducía un automóvil Fiat Uno, llevando consigo a una menor de 14 años, y portando un arma calibre 22 con el tambor lleno de balas, 10 gramos de cocaína y una cantidad similar de marihuana. Según confirmaron fuentes judiciales, existen más testigos-victimas, algunas menores de edad, y familiares de las mismas, que aseguran que el acusado regenteaba a menores para prostituirlas. “concretamente las pasaba buscar, las dejaba en un lugar, cobraba y se iba, después las pasaba a buscar y las llevaba a su casa”. Acusaciones que sumadas a la presencia de una menor de 14 años en su auto la noche que fue detenido; una menor que acababa de fugarse del hogar de calle H. Irigoyen y Alberdi, el manejo de armas y estupefacientes, debería haber sido prueba suficiente para alegar el riesgo de entorpecimiento de la investigación, a los efectos de lograr la prisión preventiva o en su defecto que la domiciliaria se cumpla en otro barrio, en la casa de algún familiar que se haga responsable como suele suceder.
Pero sin embargo “el Ñoño” fue arrestado en su propio domicilio en el barrio “El Toronjal”, el mismo barrio en el que viven las denunciantes, los potenciales testigos y que es además un barrio que se caracteriza por repeler a piedrazos los móviles policiales cuando estos intentan detener a algún vecino. Por otra parte, según afirman fuentes policiales, Benítez es también señalado como el autor de los disparos que hicieron en las piernas a un joven de 20 años en ese mismo barrio.
En cuanto a la investigación de los delitos de explotación sexual de menores, fuentes tribunalicias aseguran que “los vecinos no se animan, le tienen miedo, pero las víctimas lo denunciaron y los padres también” pero el círculo probatorio no se cierra si no hay al menos un testigo que ratifique que lo vio recogiendo a al menos una de las denunciantes en su auto, y por lo tanto es la palabra de la víctima contra la del imputado.
Fuentes de la Fiscalía afirman que “es muy difícil porque el tipo puede controlar todo desde su casa, lo van a ver o se para en la puerta y listo” y en tanto no se consiga que alguien declare, para darle sustento probatorio al caso, incluso podría revocarse la domiciliaria, o no renovarse cuando se cumpla el plazo establecido.
Consultado al respecto, el juez de Garantías Alberto Funes Palacios, afirmó que “como Juez de Garantías mi función es asegurarme que no se violen las normas, y de ser imparcial en mi decisión, para esto, no puedo alimentarme de ninguna información que no sea la que se expresa por ambas partes en la audiencia; yo no puedo resolver por lo que leí en el diario” si bien el magistrado señaló que no recordaba el caso en particular, agregó “mi función es la de ser imparcial y resolver conforme lo establece la constitución y el código, con la información que me brindan las partes (defensa y fiscalía) y si alguna de las partes no está de acuerdo puede apelar mi resolución” concluyó.
Entre tanto, mientras la causa se debate en un viejo reclamo de los funcionarios judiciales “los vecinos no colaboran”, los potenciales testigos reafirman otro viejo reclamo de los barrios, “¿y a mi después quien me defiende?” Ese mismo reclamo que generalizó y consolidó los códigos barriales, que afloran toda vez que la mano del “poder real” comete un crimen. “nadie vio nada” es el temor, el poder que garantiza la impunidad.

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