La causa judicial se inició con la presentación de un amparo ambiental por parte de la entidad ecologista para evitar la tala indiscriminada del monte.
En primera instancia, la jueza Leonor Pañeda dio lugar a la presentación del Foro y el gobierno provincial apeló tal sentencia. Carlín había establecido, en la última audiencia de conciliación de mediados de julio, un plazo hasta el 26 de agosto para que las partes se sienten en una mesa común y diseñen un plan de sustentabilidad.
“Hemos llegado a un acuerdo muy importante con el gobierno provincial”, señaló a APF el secretario del Foro Ecologista, Diego Rodríguez y adelantó que las partes solicitarán al STJ “un plazo de 20 días para que la provincia cumpla las formalidades de ley para este tipo de acuerdo”, ya que “tienen que realizarse a través de un decreto del Gobernador que autorice a la Fiscalía de Estado a firmar el acuerdo”.
En términos generales -señaló- “se mantiene la prohibición del desmonte y se acordó un régimen de excepciones”. En cuando a este último punto especificó que “se estudiará cada caso en particular” con el fin de “contemplar la necesidad de los pequeños productores y de aquellas personas que viven precisamente de esta tarea”. Según informó el ecologista “el acuerdo fue unánime entre todos los participantes”, lo que dá “un valor muy importante porque sienta las bases para iniciar la estrategia de diversidad biológica de la provincia de Entre Ríos, construidas de común acuerdo entre todos los sectores”.
Por su parte, el director General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas de la provincia, Conrado González, confirmó la noticia sobre el acuerdo alcanzado por las partes. Pero mientras Rodríguez indicó que se mantendrá la prohibición del desmonte, el funcionario afirmó que el acuerdo fue “para destrabar” dicha prohibición. De todos modos González reconoció que “se podrá desmontar hasta 100 hectáreas dentro de la normativa vigente (Ley Forestal)”, esto implica que el interesado realice una presentación para que sea estudiada y aprobada. En el caso que el proyecto contemple más hectáreas “será debatido ya en el seno de la comisión”.
Dijo que en el primer caso, se pretende atender las necesidades de los pequeños productores “y de la gente que vive de la leña”. Sostuvo además que los integrantes de la comisión, que debe autorizar los desmontes, “tendrán la precaución que los proyectos no causarán daños”. El acuerdo “total” alcanzado por las partes –también participaron otras entidades vinculadas a la Producción- estableció también un plazo de cuatro meses para comenzar a elaborar “un plan de sustentabilidad de los montes nativos, que regulará en forma definitiva este tema”, dijo González.
