Bullrich moderó ayer, en Bariloche, la primera cumbre del Consejo de Seguridad Interior (CSI) de 2016. La secundaron el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
En primer lugar, se discutió la adhesión a la declaración de emergencia en seguridad pública. La mayoría avaló esa situación, aunque distritos como La Rioja, Chaco y Santa Cruz pidieron tiempo para tomar una decisión definitiva.
"En esas tres provincias hay continuidad en la gestión (el poder sigue en manos del Frente para la Victoria, pero con otros gobernadores) y me imagino que tienen una pregunta fundamental a contestar. ¿Adhieren a la emergencia y reconocen que en los últimos cuatro u ocho años no hicieron nada en sus provincias, o quedan por fuera de lo planteado en la mayoría del país?", confió a Ámbito Nacional un ministro de seguridad que participó del encuentro.
Luego, Bullrich comentó el proyecto y fue consensuando junto a los funcionarios los cambios para lo que será el manual definitivo del accionar frente a cortes de calles y rutas.
Ante un corte, las fuerzas de seguridad se deberán comunicar en forma inmediata al Ministerio de Seguridad de la Nación o de las respectivas jurisdicciones (si es ruta nacional o provincial), para establecer un espacio de negociación.
"Resuelto positiva o negativamente la negociación , el jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse (…) Se advertirá que ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción", señala el anexo del protocolo.
Tras el encuentro de ayer, un funcionario provincial dijo a este diario que "entre que se corrobora el delito y la flagrancia y se comunica a los fiscales intervinientes, van a pasar una o dos horas, como mínimo".
En tanto, el "uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública", y tendrá que respetar los principios de "legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad".
Por último, el texto expresa que para los periodistas realizarán su labor informativa "en una zona de determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento", y que las fuerzas de seguridad podrán captar videos, audios y fotos durante los procedimientos antipiquetes "para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia".
