El Comité supervisa las medidas de los estados para prevenir, combatir y erradicar las desapariciones forzadas.
En la primera evaluación que hace sobre la Argentina, este órgano de la ONU destaca “las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26394); la regulación del Banco de Datos Genéticos (Ley 26548); el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321); y las diversas leyes de reparación”.
«Este pronunciamiento confirma que la nueva ley del BNDG implica un claro avance en materia de protección contra la desaparición forzada», señalaron las Abuelas en un comunicado.
«La norma, sancionada en el año 2009 y reglamentada en enero de este año, bajo el impulso de nuestra Asociación, prevé, entre otros puntos, el traspaso del BNDG del Hospital Durand a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y ajusta la legislación a los progresos científicos y jurídicos en la materia», añadieron.
Agregaron que «sin embargo, este traspaso se encuentra frenado, a la espera de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Luis Marinelli decida sobre la constitucionalidad de la ley».
«Las Abuelas solicitamos al magistrado que tenga en cuenta la resolución de este órgano del Sistema Universal de Derechos Humanos y autorice el traspaso del BNDG, para poder avanzar en la identificación de nuestros nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado», finalizaron.
