Los encartados prestaban servicios en la Aduana de Colón, en 1997, cuando fueron denunciados por el subadministrador de la Aduana de Paso de Los Libres Daniel Santana, procesado en la causa Southern Winds por Omisión de control en el contrabando de 60 kilos de cocaína a España, presuntamente al haber detectado irregularidades que durante el debate no se probaron.
En la instrucción fueron imputados Carlos César Montenegro, ex administrador de la Aduana de Colón, el ex subadministrador de la Aduna, Valentín Bordet, el ex jefe de Registros, Luis Osvaldo Morales y los aduaneros Jorge Cojot, César Méndez, María del Carmen Rodríguez de Morales, Adrián Galfrascoli, Antonio Chamón y Patricia María Soria, quienes fueron absueltos de culpa y cargo por la Justicia federal.
A los integrantes de la aduana entrerriana se los acusó de haber realizado maniobras para nacionalizar mercadería que llegaba a Colón desde la zona franca de Chile y Uruguay, que luego era vendida en el país por la empresa Internacional Merco Group, una compañía fantasma con domicilio en la Capital Federal, que perjudicó supuestamente al erario público en 500.000 pesos en el pago de menores importes de impuestos.
El veredicto
En el fallo, de unas 25 páginas, los camaristas compartieron los argumentos esgrimidos durante los alegatos por los defensores Mario Franchi (oficial), Julio Moretti, Oscar Velischek, Leandro Dato, Raúl Avero y Pablo Seró. Los defensores alegaron que “no entendían qué delito se le imputa concretamente a cada uno de los acusados”, y hablaron de “vagas imputaciones contra sus defendido”, debido a que “la acusación carece de identidad para ser un hecho delictivo”. En la sentencia el tribunal se refirió al trabajo del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción y en el debate señalando que “no observó ni valoró las pruebas objetivamente como debe actuar por orden Constitucional y legal”. Para los jueces las partes acusadoras no determinaron qué rol asumieron los imputados en las irregularidades que señalaron.
Paso siguiente se resolvió que “los imputados obraron conforme a como está establecido en el organigrama de la Aduana”.
El fallo aún no quedó firme, por lo tanto, la querella y la fiscalía, que durante la discusión final solicitaron condena para los imputados que van desde los dos años de prisión condicional a los cuatro años y medio de cárcel efectiva tienen 10 días para evaluar si realizan una presentación de un recurso de Casación. Caso contrario la sentencia quedará firme.
