Después de 13 años de proceso, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió el 7 de julio sobreseer por extinción de la acción penal a un hombre de 38 años, oriundo de Capital Federal, que el 22 de marzo de 2001 intentó adquirir mercadería en un almacén de San José, en el Departamento Colón, con un billete de 50 pesos apócrifo. Actualmente, el imputado reside, desde hace varios años, en Barcelona, España. Fue procesado por la supuesta comisión del delito de Tentativa de puesta en circulación de moneda de curso legal falsa.
El Tribunal evaluó que “del exhaustivo detalle realizado de las actos procesales más trascendentes –si bien se destaca que el imputado estuvo rebelde entre el 28 de diciembre de 2007 y el 24 de octubre de 2011– circunstancia no imputable a la demora jurisdiccional, de todas formas se advierten lapsos notorios de inactividad, los que no pueden ser imputados al imputado sin violar el elemental derecho de defensa que le asiste”.
Morosidad. Citando jurisprudencia y bibliografía, los magistrados destacaron un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo especial referencia al “derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal”.
En otro fallo que se citó, se señaló que “cuando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado por el artículo 18 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, el único remedio posible es declarar la insubsistencia de la acción penal, en la medida en que ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo”, destacando que “máxime si, como en el caso, la demora en su juzgamiento no se debe a que la causa sea compleja o a la conducta del imputado, sino a la consabida morosidad judicial, que no se puede cargar a los hombros del justiciable, sin violar ostensiblemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. Así, el Tribunal expresó que “conforme lo expuesto, corresponde hacer efectiva la garantía constitucional que establece que la duración de un proceso penal debe llevar un plazo razonable”
Agenda colapsada. En el fallo, el TOF destacó que “no debe perderse de vista que la agenda del Tribunal se encuentra colapsada”, por lo que se le otorga “prioridad a las causas con detenidos y encontrándose ya fijadas audiencias para el año 2018, por lo que, de proseguirse con la presente causa, el debate se dispondría para dentro de un lapso muy prolongado, casi 17 años después de ocurrido el hecho”.
En la sentencia, el Tribunal sostuvo que “corresponde declarar que la acción penal se ha tornado insubsistente, pues la actuación de los operadores judiciales fue en evidente desmedro de la garantía constitucional que reconoce a toda persona imputada de un delito el derecho a liberarse de una acusación penal en un tiempo razonable y en consecuencia, ante la supremacía de estos argumentos, el planteo conclusivo de la causa planteado por la defensa debe prosperar, pero por los motivos que la doctrina y jurisprudencia conocen como ‘insubsistencia de la pretensión punitiva’”.
Alegatos. En la audiencia, el defensor público oficial solicitó el sobreseimiento del imputado “por existir una violación constitucional al debido proceso dada la excesiva prolongación de la presente causa, lo cual impide que el imputado obtenga una sentencia en un plazo razonable, dejando en consecuencia insubsistente la acción penal”. Se entendió que “la demora de 13 años que lleva no puede imputarse a las particularidades del delito en cuestión, de la complejidad de la causa, se desprende claramente que ésta es relativamente sencilla, y el delito imputado es uno de los tantos casos similares que se tramitan en la Justicia Federal”.
El defensor señaló que “la causa tuvo su inicio el 23 de marzo de 2001 y se clausuró el 22 de marzo de 2006, casi cinco años después, luego ingresó al Tribunal el 11 de mayo de 2006, se admitió la prueba el 22 de noviembre de 2006 y se fijó audiencia para 6 de noviembre de 2007, es decir seis años después de la comisión del hecho”.
Por su parte, el fiscal general pidió que se continúe la causa, si bien consideró que “el delito investigado tentativa de puesta en circulación de moneda de curso legal falsa no reviste mayor complejidad, debe ponderarse que la actitud renuente del propio imputado fue la que imposibilitó que el proceso avance en el debido tiempo”. Entendió que “prueba de ello es que se decretó su rebeldía y captura el 28 de diciembre de 2007 y se levantó recién el 24 de noviembre de 2011, siendo que el mencionado, al momento de prestar declaración indagatoria suscribió un acta de caución en donde se comprometió a denunciar todo cambio de domicilio, razón por la cual el argumento esgrimido, referido a que desconocía tal circunstancia, no resultaba creíble y luce como un comportamiento desinteresado del nombrado”.
Datos
Al imputado se le secuestró una billetera con tres billetes de 50 pesos, once de 5 pesos, todos falsos.
La audiencia de debate se iba a realizar el 11 de agosto de 2014, pero su suspendió por la falta de disponibilidad de fechas en la agenda del Tribunal, priorizándose los debates con personas privadas de su libertad.
