El funcionario explicó que la provincia reviste una situación paradojal. «Al margen de los presos políticos que fueron detenidos en condiciones legales y que aparecen en los registros, muchos fueron atrapados en condiciones de ilegalidad y luego liberados», dijo.Minatta justificó las reivindicaciones por las que pelea este sector. «Al haber estado detenidos, no pudieron trabajar, ni hacer aportes; y luego, la propia sociedad les dio la espalda. Estas situaciones se abordaron legislativamente», adelantó.
La Argentina no cuenta aún con un registro de detenidos por motivos políticos. Por ello, hace mas de un año, la presidenta, Cristina Fernández, y el por entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dieron curso a un proyecto en ese sentido. En efecto, según agregó Regalado, uno de los proyectos pertenece al diputado nacional por Tucumán Gerónimo Vargas Aignasse. «Esa iniciativa pide una pensión universal para todos los ex presos políticos. Además, hay otro proyecto que promueve una jubilación. Reivindicaciones hay muchas, pero hay que ir dando pasos», aclaró el funcionario del Archivo Nacional de la Memoria.
El censo permitirá conocer las condiciones socioeconómicas de los ex presos y, sobre esa base, saber si tienen viviendas, obra social, jubilación o si reciben algún beneficio del Estado.
El funcionario dijo que el 3 de diciembre del 2009 el Senado sancionó la que se conoce como Ley Dovena, -ampliación de la Ley 24.043-, por la que se dio un resarcimiento económico a quienes estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. «Incluye a los que estuvieron en comisarías, centros clandestinos, y cárceles, sin que hayan sido registrados; es decir, si estuviste 20 días preso en una comisaría, se te pagarán esos días», agregó.
El registro de ex detenidos políticos abarca de 1955 a 1983. «Es un trabajo muy arduo, que va a servir para la historia del país, porque desgraciadamente no hay registros oficiales confiables que permitan asegurar cuántos fueron los perseguidos políticos del 55 al 83. Este censo servirá para saber cuántos entrerrianos fueron víctimas del terror del Estado», afirmó.
En Entre Ríos el censo será llevado adelante por la Asociación de Ex Presos Políticos La Solapa, con la colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial de la Memoria.
