En efecto, luego que la Policía provincial dispusiera este miércoles un operativo especial en el centro de Victoria, con el objetivo de “detectar pintadas o pegatinas de cartelería en edificios públicos” en horas previas al debate del proyecto de despenalización del aborto en el Senado de la Nación, arrestó a 11 mujeres de entre 14 y 50 años, entre quienes hay docentes y estudiantes.
El hecho no puede ser analizado sino como un verdadero atropello a la libertad de expresión del que no puede quedar exento el poder político de la provincia.
Quizá por esto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, aclaró que la cartera a su cargo no autorizó ningún procedimiento contra las expresiones populares que se están realizando en torno al debate por la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación.
En un comunicado dado a conocer a la prensa señaló… “Ante la situación de un tema controvertido que se está debatiendo en el Congreso como es la despenalización del aborto, la posición del gobierno y del Ministerio de Gobierno, y por supuesto también de la Jefatura de la Policía, es respetar todas las posturas y expresiones populares en torno a la temática”.
“Desautorizo enfáticamente cualquier procedimiento policial que tienda a poner alguna limitación a la expresión de la población. Tampoco corresponde hacer identificación alguna de personas que no estén cometiendo un delito”, marcó tajante la ministra.
