“Va a ser una reunión para organizar el trabajo futuro. Lo que vamos a hacer es escuchar la propuesta de trabajo de Cancillería; pero en esta primera instancia no habrá definiciones finales sobre nada”, manifestó Moreno Navarro.
El letrado destacó que esperan hoy conocer “cuál es la intención en cuanto a la inserción de la Asamblea” en el juicio que se desarrolla en La Haya por la violación del Tratado del Río Uruguay por parte del vecino país. “Queremos saber cuál será el grado de participación que vamos a tener, pero por lo ya anticipado estimamos que vamos a ser uno más”, sostuvo. Además recordó que se comenzará a trabajar sobre las líneas iniciales del memorial a presentar ante el tribunal internacional.
Testigos
Por otra parte, el gobierno nacional evalúa llevar a vecinos de Gualeguaychú como testigos por los cortes de ruta en el marco de la causa que se desarrolla ante el tribunal arbitral del Mercosur.
La decisión se tomará en los próximos días, con la definición del resto de la estrategia argentina en este proceso.
Al respecto, Moreno Navarro reconoció que existió una consulta de Cancillería en ese sentido, pero aclaró que “esto aún no ha sido evaluado por parte de quienes podrían ser testigos”. Además indicó que el tema “lo debe resolver la Asamblea”.
Los testigos deberían presentarse en una audiencia que se celebrará en Montevideo, sede de este juicio por ser la capital administrativa del Mercosur, entre la segunda y tercera semana de agosto.
Después de ese paso, los tres árbitros quedarán en condiciones de emitir su laudo acerca de la responsabilidad de Argentina en “prevenir o hacer cesar” los cortes de los pasos fronterizos desde Entre Ríos hacia el Uruguay.
En su demanda, el gobierno uruguayo ofreció pruebas que incluyen notas diplomáticas intercambiadas con Argentina, artículos periodísticos de medios de ambos países, informes de su Dirección Nacional de Paso de Fronteras, estadísticas de otros organismos y nueve testigos de los cuales siete son funcionarios oficiales –directores de Aduana, Turismo, Industria y Transporte– y dos representantes de cámaras empresariales, Autotransporte Terrestre Internacional y Turismo.
Nuestro país
Argentina estará representada por los abogados Juan Vicente Sola y Nora Capello, del Ministerio de Relaciones Exteriores; Uruguay por Carlos Amorín, Hugo Cayrús, Miriam Franceschini y José María Robaina.
Desde Argentina, funcionarios y ambientalistas entrerrianos se basarán en el hecho de que los puentes internacionales de Gualeguaychú y Colón fueron bloqueados en forma parcial e intermitente y que nunca dejaron al Uruguay completamente incomunicado.
La eventual audiencia con los testigos será a puertas cerradas, de acuerdo a lo que establece el Protocolo de Olivos, y el laudo será refrendado por tres árbitros, uno de los cuales fue rechazado por Argentina ya que es de nacionalidad español como ENCE, una de las empresas del conflicto. Argentina intentó que se lo reemplazara, pero el Tribunal de Revisión no hizo lugar al pedido. También le rechazaron un planteo para que el tribunal sesionara en Asunción del Paraguay.
El Gobierno había pedido que el segundo proceso por las papeleras, que se lleva a cabo en Montevideo, sede del Mercosur, se traslade a Paraguay argumentando que como ciudad capital de uno de los Estados en conflicto, “la independencia del tribunal puede verse menoscabada” y, de ese modo, “generarse una decisión injusta”.
Este tribunal debe decidir si Argentina incurrió en responsabilidad internacional al omitir sus deberes de diligencia para evitar que los ambientalistas entrerrianos cortaran los pasos fronterizos, y tal como argumenta Uruguay, causó perjuicios económicos de unos 400 millones de dólares.
Los árbitros emitirían su laudo antes del 7 de setiembre, decisión que podrá ser apelada ante el Tribunal Permanente.
