Cedro adelantó que en los próximos días elevará la apelación de la sentencia de Pimentel a la Cámara de Apelaciones. En esa instancia se resolverá si la causa llega a juicio oral. Debido a la imputación de funcionarios aduaneros, el delito que se investiga es el de contrabando calificado y las penas son de cumplimiento efectivo. Entre los procesados se encuentra dos despachantes de aduana como Eduardo Cristina y Juan Fernando Montoreano. El resto son auxiliares de servicio aduanero, empleados y funcionarios de Aduana y hasta choferes, algunos incluso de nacionalidad chilena. “Termina pareciendo megacausas cuando son distintas personas que intervienen en una misma operación”, dijo el ex concejal.
Como todo supuesto delito económico, implica una operación compleja que se debe desentrañar con paciencia. Cedro, en tal sentido, señaló que hay dos cuestiones que se deben profundizar. Una es que todas las operaciones se realizan bajo un acuerdo de transporte de alcance parcial. Esto significa, para el abogado, que la responsable de las operaciones del tránsito aduanero es la aduana uruguaya. “En el caso de las Aduanas argentinas es que simplemente son aduanas de tránsito y la aduana final de destino es la chilena”, añadió.
El letrado aseguró que: “la diferencia de mercadería que supuestamente sostiene la aduana, nosotros venimos sosteniendo que no es tal”. Además detalló que desde las aduanas de Concordia (ingreso a Concordia) y de Mendoza se comunicaban a las regiones de Rosario y Mendoza (los superiores inmediatos) para que se hagan “los seguimientos y los controles de rigor”. No obstante, Cedro aseguró que no se le dio importancia a lo alegado. “La Aduana de Buenos Aires, la Ufitco, no consideró que eso sea relevante”, dijo.
El problema de fondo, para el abogado defensor, es el acuerdo de transporte de alcance parcial y los cuestionamientos que la Aduana le ha hecho al acuerdo. No obstante, admitió que la Aduana nunca denunció el acuerdo a pesar en desacuerdo con muchas medidas. “La Aduana argentina ha estado revisando tránsito, interfiriendo tránsito, bajando tránsito cuando el acuerdo no le permite pero en los hechos no denuncia el acuerdo”, dijo.
“Todas estas diferencias hacen que en determinado momento surjan estas denuncias con una normativa y demás que dan lugar por lo menos a situaciones equívocas, no del todo claras”, añadió.
Al mismo tiempo, Cedro dijo que la Aduana no especificó que cantidad de mercadería denuncia que fue sustraída en el camino. “En ningún momento ellos determinan cuál es la mercadería que supuestamente ellos dicen que habría quedado en Argentina. Eso no lo han podido precisar en ninguna instancia”, señaló. “Lo hace por vía de la especulación. Simplemente especula a partir de suposiciones que considera que habría quedado mercadería aquí en Argentina”, dijo.
En tal sentido, añadió que uno de los casos es el de un camión que salió de Concordia y fue detenido en Uspallata. Según mencionó, la carga estaba íntegra y los precintos no habían sido violados.
Volviendo a la cuestión de fondo, Cedro resaltó que los aduaneros argentinos sólo autorizaron el ingreso de una mercadería que viene en tránsito. En cambió, responsabilizó a la aduana de salida, de origen, en este caso la uruguaya dado que es quien “tiene obligación de veracidad”. “Desgraciadamente en la mayoría de los casos se tergiversa el acuerdo. Una cosa es la aduana de origen, otra cosa es la aduana de destino y otra las de tránsito como el caso de las argentinas. Tienen distintas funciones y distintas responsabilidades”, agregó.
“Si hay errores o declaraciones incompletas o hay falencias y demás, en realidad quien tiene la mayor responsabilidad es la aduana de partida porque es la que tiene la obligación de la declaración”, agregó. Una vez que la unidad fue precintada, el resto “simplemente se limita a revisar precintos”. Lo que sucede es que la aduana argentina hubo épocas en que autorizó la apertura de los transportes y luego decidió no autorizarlo más.
