“Abel González ha sido absuelto libre de culpa y cargo en una imputación que había sido elaborada por el tristemente célebre Rovira de la Fiscalía de Investigaciones ya disuelta. Ha sido absuelto como correspondía. Esto es para los amigos, para la gente que lo quiere a Abel, decirles que se queden tranquilos, que Abel no tiene ningún tipo de inconveniente, que en su tarea privada en Paraná, ha quedado absuelto y libre de culpa y cargo” señaló su hijo, el concejal Roberto Abel González a LT 15.
El juicio oral y público contra el ex presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mútales de la provincia de Entre Ríos, Abel González, por el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público y tentativa de fraude y peculado contra la administración pública provincial se llevó a cabo el martes pasado, 12 de octubre. En los alegatos, la fiscal María del Rosario Nader había pedido que se absuelva al acusado por la primera causa, mientras que por la segunda requirió condena de dos años de prisión condicional e inhabilitación.
La fiscal Nader solicitó la absolución de González por entender que “no violó los deberes de funcionario público”, aunque pidió que se lo condene a la pena de dos años de prisión condicional por entender que “está aprobada la materialidad y autoría del hecho”. En tanto, la defensora del ex funcionario solicitó su absolución ya que “no están probados ninguno de los hechos”.
Cabe recordar que la denuncia contra González había sido presentada en diciembre de 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), y que la semana pasada el debate había sido suspendido para incorporar dos nuevas pruebas por parte de Lidia Weishen, la abogada defensora del ex funcionario bustista, lo que fue permitido por el presidente del Tribunal, Juan Ascúa al no haber objeciones de la agente fiscal.
En su momento fue acusado de haber tramitado y autorizado un subsidio de 30.000 pesos para la cooperativa de trabajo “Asesorar Limitada” que carecía de personería jurídica y que presidía su propio hijo, Héctor Manuel González. El beneficio tenía por objeto capacitar laboralmente a ex trabajadores de Pinfruta, quienes se hallaban desocupados ante el cierre de la planta, pero se comprobó que ninguno de los miembros de la cooperativa figuraba como ex empleados de la firma.
Sin embargo, a pesar de que en un primer momento el auxilio económico había sido adjudicado por decreto a la cooperativa, el dinero nunca llegó a manos de los miembros de la familia González que la integraban porque, frente a las irregularidades detectadas, la norma fue anulada por otro decreto del organismo.
