Después de un tiempo de llamarse a silencio, Julia Islas, madre de la víctima, dijo no tener un convencimiento interno sobre quién o quiénes terminaron con la vida de su hija. Asimismo, remarcó las falencias en la instrucción de la causa, en un primer momento llevada adelante por el juez Edgardo Ramón Redruello -tras el primer procesamiento fue separado de la causa por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay- y que hasta hoy continúa en manos de su par Guillermo Oscar Delrieux.
Su inquietud la llevó a contactarse con el jefe de la oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la provincia de Entre Ríos, abogado Walter Carballo. Hasta el momento Carballo no se ha hecho presente en la ciudad para interiorizarse del caso.
Por su parte, José Aranda, abogado defensor de Ibarrola, recordó que se inició un juicio contra magistrados y el Estado provincial, donde “se esgrimen los errores de la instrucción” que llevaron a la detención de su defendido. Por daños y perjuicios ocasionados en su contra se reclamaron 500 mil pesos. La demanda al Estado está en trámite.
Consideró que Ibarrola sufre una manera de discriminación cuando plantea ante la Justicia sus derechos, porque nadie atiende su pedido de régimen de visitas para con el hijo que tiene con Islas. También remarcó que Ibarrola “no puede ser vuelto a juzgar por la muerte de Alejandra”.
En otro orden, los dos años que estuvo en la cárcel no impidieron que Juan Carlos Ibarrola consiguiera trabajo tras su libertad. En ese sentido no guarda rencores. Sí se lamenta de haber perdido el contacto con su hijo, a quien no vio durante ese período.
Sobre la investigación que lo vinculó a la muerte de su hijastra manifestó no entender “como se equivocaron tanto”, en alusión a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa y se mostró indignado por declaraciones que recientemente se hicieron públicas, indicando que el 99 por ciento de los delitos están resueltos en Chajarí.
A más de tres años de su libertad, se preguntó por qué no continuaron con otras líneas de investigación mientras él estuvo detenido.
Sobre posibles hipótesis relacionadas con el narcotráfico y vinculadas a la muerte de Alejandra, Ibarrola manifestó que no sabe quién pudo haberla matado, aunque no desconoce la situación relacionada con la droga.
La Cámara Penal dispuso en 2001 absolver a Juan Carlos Ibarrola y recomendó al Juzgado de Chajarí que continúe con la investigación. Hoy la causa está caratulada “contra autores desconocidos”. En agosto de 2001 se libró un oficio para el jefe policial a fin de que se practiquen las investigaciones correspondientes, pero las tareas practicadas fueron infructuosas. También se ordenó a un perito en criminalística el análisis de muestras de agua, perito que respondió que dichas muestras debieron haberse tomado al momento del hallazgo del cadáver. En febrero de 2002 se encargó a una profesional en morfología vegetal de la Universidad de Buenos Aires el análisis de las clases de partículas del plancton mineral hallado en la médula ósea. La profesional indicó que está probado que de estos estudios se desprendieron falsos positivos, pues de 106 cadáveres analizados, cuyas muertes no habían sido provocadas por asfixia por inmersión, se encontró plancton mineral. A fines de 2003, Julia Islas acercó un dato al Juzgado: una mujer de Chajarí señaló a otra, familiar, residente en Concordia, como la persona que había hospedado a los posibles autores de la muerte de Alejandra, inclusive dijo que había ofrecido un freezer en el que habría estado el cuerpo. La Justicia local realizó un careo entre las involucradas, pero desestimó lo obtenido.
En suma, no hay nada y a seis años de su muerte, nadie sabe quien mató a Alejandra Natalia Martínez.
