JUSTICIA Y POLITICA
Desde luego coincido en plenitud y apresuro hacer propias frases , conocidas pero no suficientemente practicadas, tales como “cuando la política entra por una puerta a los tribunales la justicia escapa por la ventana”.
O “sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia, sólo existe una corpopración de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón al que lo enfrenta”
¿Quién podrá disentir con tales conceptos, o negar que reflejan una dolorosa verdad?
“OPERADORES” JUDICIALES
El flamante presidente enfatizó también –y me gustó que usara la expresión derivada del histórico “juicio a las Juntas”-un rotundo “nunca más una justicia contaminada por servicios de inteligencia u operadores judiciales”.
Tampoco puede dudarse que alude a una realidad concreta y harto conocida: los así llamados “operadores” judiciales, manipuladores de causas o nombramientos han actuado, quizá con mayor o menor disimulo , desde antaño. Pero, en ciertas esferas, se han desenvuelto casi impúdicamente durante el anterior gobierno.
Tengo a la vista un medio digital que reproduce declaraciones del ex presidente. Macri según la cual exhibe como un logro de su administración: “tenemos 230 jueces nombrados los mejores de los concursos” (diario digital “Chequeado” de fecha 25 de abril de 2019). Bien, el mismo medio se encarga de aclarar que no son doscientos treinta sino ciento sesenta las designaciones..
De los cuales sólo en dieciséis casos- menos del 10%- se respetó el orden de puntaje de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
Es decir, es mentira que se eligiera “los mejores”.
Es un secreto a voces que las listas eran manipuladas por una “mesa chica” donde sobresalía la figura de un amigo del presidente conocido dirigente deportivo porteño, recientemente derrotado en la elección interna del club de la Ribera.
Urge dictar una norma que elimine, o al menos limite al máximo la intervención política en las nominaciones de jueces o fiscales.
El nombramiento debe ser el resultado de un concurso donde un jurado eminentemente técnico examine y seleccione a los mejores a través de un proceso objetivo.
Mucho de eso sucede en las Provincias, en especial la nuestra donde los gobernadores en general respetan el orden concursal del Consejo, llegando a decir un ex mandatario que lo investigan ahora fiscales y jueces cuyos pliegos mandó él mismo a la Legislatura.
Resulta digno de aplauso el categórico rechazo presidencial a “una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”.
Esto siempre y cuando quepa entenderlo tanto del poder político inmediatamente pasado como el actual.
“no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo”.(1) Verdad contundente que se dijo hace más de 200 años, vigente hoy y nunca resulta excesivo repetirla
JUSTICIA E IMPUNIDAD
Está bien que no exista impunidad para nadie que haya cometido algún delito.
Menos si se trata de corrupción pública en perjuicio del Estado
El poder de jueces y fiscales no debe amedrentarse ante la importancia política o económica o mediática del investigado. Lo que es objetable es que los tiempos se aceleren o retarden, que la tortuga abandone su caparazón y se convierta en rauda liebre, según la cercanía o lejanía del poder de aquel sobre quien se yergue el dedo acusador. Que la benevolencia se convierta en severidad o viceversa según el caso.
LAS PRISIONES ABUSIVAS
Lo que resulta intolerable y no puede aceptarse, repetimos, es que ciertas causas penales, que interesan al poder, se gradúan o se van acomodando a los tiempos y vaivenes del poder político.
Y, en el orden de la Justicia nacional, es escandaloso.
Dicen que si ahora se dicta una ley que se anuncia sobre prisiones preventivas quedarían en libertad cerca de 8000 personas encarceladas y sin condena.
Hay casos paradigmáticos como el del ex secretario De Vido.
Despojado de sus fueros como diputado, lleva años detenido sin que se resuelva su causa.
El diputado Massot del PRO le pidió celeridad a la justicia. Y declaró públicamente (2) que si hubiera imaginado esta incertidumbre judicial “lo hubiera pensado dos veces”.
Carlos Zanini, reciente designado Procurador del Tesoro, estuvo 100 días preso por su actuación en el memorándum con Irán.
Un tema que puede ser un grave error político, pero, a mi criterio es dudoso encuadrarlas como delito.
PRISIONES ABUSIVAS
En mis tiempos de abogado defensor de presos uno sabía que existían criterios objetivos para otorgar o no la libertad de un detenido: la gravedad del delito, los antecedentes, la mayor o menos peligrosidad del acusado.
Hoy día nada de eso vale y el peor criminal puede salir libre “hasta que haya condena firme”. Que puede tardar años.
Y otro, de menor entidad, quedar preso si al juez o fiscal le parece “que puede obstruir la investigación”. Criterio absolutamente subjetivo, discrecional, por no decir arbitrario.
Eso da lugar a lo que se ha dado en llamar abuso de las prisiones preventivas. Calamidad que unida a la lentitud exasperante de cierta justicia se encuadra en verdaderas violaciones a los derechos humanos elementales.
Esto es, personas que sufren largos períodos de encarcelamiento sin condena en cárceles que no son ni “sanas ni limpias” como ordena el artículo 18 de la Constitución
El diagnóstico presidencial de los males en la Justicia no puede sino compartirse en líneas generales.
INDISPENSABLE REFORMA
Que es necesaria una reforma del sistema judicial, totalmente de acuerdo:
Habrá que esperar hasta conocer la propuesta gubernamental en esa dirección.
Por de pronto es un dato alentador que la Ministra de Justicia adelante la necesidad de que sea “consensuada”.
En efecto, la política respecto a la Justicia debe ser una cuestión de estado por encima de las fracciones.
Nota (1) “El Federalista” (Hamilton, Madison y Hay, artículos sobre la Constitución de EE UU publicados desde 1789 en períodicos de Nueva York, ed. Progreso, México, febrero de 2014, pag.331)
(2) “La Nación” 18 octubre de 2018
