“Es necesario pensar el acoso de todas las formas de fascismo, desde aquellas, colosales que nos rodean y nos aplastan, hasta las formas menores que constituyen la amarga tiranía de nuestras vidas cotidianas”.
Michel Foucault
Habiendo tomado conocimiento del pedido efectuado por imputados y condenados por delitos de lesa humanidad mediante el cual se solicita cumplir prisión en sus domicilios particulares a raíz de la emergencia sanitaria declarado por el COVID-19, declaramos nuestra oposición, nos pronunciamos en contra al otorgamiento del beneficio solicitado y sostenemos que se trata de personas que han sido condenadas o están siendo juzgadas por crímenes contra la humanidad, por lo que su traslado y permanencia a sus domicilios particulares podría implicar riesgos para los sobrevivientes y sus familiares, además de lo preocupante y aterrador que la situación ya constituye por sí misma.
Como familiares de genocidas que elegimos y priorizamos la integridad humana, y en consecuencia con ello, desde el respeto, el afecto y el apoyo a las víctimas y familiares de los crímenes más horrorosos de la dictadura civico-eclesiástica-militar, entendemos que dichas solicitudes son efectuadas por quiénes aún se creen parte de una élite de poder que se posicionan en un nivel de superioridad frente a los otros condenados, encontrando como siempre narrativas que los impulsan y los justifican. Lógica centrada en los cómo sin fundamentar el por qué.
¿Qué tipos de privilegios ameritarían los imputados o condenados por crímenes de lesa humanidad frente al resto de los detenidos y de la sociedad? ¿Qué tipo de justicia se estaría propiciando con la aceptación de esta solicitud? ¿Pueden los crímenes de lesa humanidad ser equiparados a los delitos comunes?
Como biografías cercanas a los actos y pensamientos de los genocidas, como testigos de su NO arrepentimiento, como críticos y desobedientes de sus silencios no consideramos admisible un trato excepcional de privilegio. El trato excepcional que deben tener es en virtud de la gravedad y brutalidad de sus crímenes y de ninguna manera puede consentir las prisiones domiciliarias, ni ningún otro tipo de beneficio en la ejecución de las penas que atente contra su efectivo cumplimiento.
No es una novedad que estas personas – condenadas o imputadas por haber cometido los peores crímenes contra la humanidad- especulen con situaciones dolorosas, traumáticas y de sufrimiento para conseguir beneficios personales. En este sentido no sorprenden las cataratas de pedidos de prisiones domiciliarias de los genocidas en virtud de la pandemia. Lo que sorprende y preocupa es que estas puedan ser otorgadas por algunos jueces, de manera casi inmediata y sin criterio en relación al cuidado de la salud.
En algunos casos se ha otorgado este beneficio sin darles la oportunidad a las víctimas que dieran su opinión ni consultar al Servicio Penitenciario Federal. Es menester recordar a los Sres. Jueces que la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos – Ley 27372- establece en su artículo 12 que durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a prisión domiciliaria.
Por otra parte, el ámbito carcelario es una institución cerrada, donde un número de personas se encuentra aislado de la sociedad, esto en conformidad de lo que señala el protocolo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de una mentira el argumento de los genocidas y sus abogados defensores: se aprovechan de la pandemia para salir de la cárcel en beneficio personal y en detrimento del conjunto de la sociedad.
En las cárceles están bien asistidos, el Servicio Penitenciario Federal aplica protocolos de cuidado y prevención, además de que los genocidas están aislados en pabellones especiales, con comodidades de las que no gozan los presos comunes y todos los privilegios que les otorgan su corporación y sus pactos de silencio. Lo decimos una y mil veces más, atendiendo a estos privilegios que trascienden las cárceles donde se encuentran: la gran mayoría de los genocidas no han sido exonerados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de las que siguen formando parte para vergüenza de esta sociedad en general y de estas instituciones en particular.
El estado tiene responsabilidades adquiridas en materia de lesa humanidad que lo obligan a tomar medidas ejemplares en la ejecución de las penas y que – en consecuencia- impidan una salida masiva de genocidas amparada en falsos argumentos en virtud de la pandemia, bajo la excusa de peligro de contagio del coronavirus.
Como partícipes y defensores de la construcción de una sociedad democrática basada en la Memoria, la Verdad y la Justicia esperamos que la pandemia no sea una oportunidad para habilitar la impunidad. El estado nacional está pidiendo encierro y los genocidas están pidiendo salir a la calle: es inadmisible desde cualquier perspectiva que se les otorgue prisiones domiciliarias.
