El Régimen Jurídico Básico está en la agenda de la Legislatura desde la asunción de Jorge Busti, en diciembre de 2003. Sin embargo, distintas redacciones en una y otra cámara han dilatado el tratamiento cuando ya se está a un año de que termine un nuevo período institucional. De hecho, la falta de esta legislación ha puesto en jaque a los trabajadores ante las renovaciones de mandatos ya que la ausencia de reglas claras derivó en procesos de despidos de personal ante el inicio de cada gestión.
Lo cierto es que la nueva ley dispondrá las condiciones para el ingreso y ascenso de personal, requisitos entre los que el de idoneidad será privilegiado, en desmedro de arbitrarios criterios como el de la obediencia política al funcionario que da trabajo.
El presidente del bloque justicialista, Juan José Bahillo, confirmó a EL DIARIO el ingreso de los dictámenes de las comisiones de Legislación Laboral, Legislación General y Presupuesto.
Contra la posición que distingue la redacción de Diputados y la de Senado como afines a las pretensiones de UPCN y ATE, respectivamente, Bahillo afirmó que “se han estigmatizado las propuestas. La nuestra (por la de la Cámara baja) contenía partes de cada uno de los proyectos que anduvieron dando vueltas, sin seguir textualmente el articulado que propuso ATE, por ejemplo”.
En principio “se va a votar con los cambios que ya incluyó el Senado”, afirmó el dirigente de Gualeguaychú que sostuvo que “el Régimen Jurídico es una deuda de todas las gestiones hacia el empleado público para que deje de ser rehén de los gobiernos de turno”. “Hay que transparentar la carrera para que todo el mundo sepa cómo se ingresa a trabajar al Estado y cómo se asciende; pero fundamentalmente, el empleado tendrá claramente establecido cómo hacer respetar sus derechos”, enfatizó el presidente de bloque.
Más optimista respecto de los tiempos para sancionar el proyecto, el diputado de Concordia Enrique Cresto le dijo a APF que estaría “todo listo” para que la semana que viene se trata y se apruebe, en el mismo momento. Al menos, según sus declaraciones, el legislador pediría el tratamiento sobre tablas lo que no debería suscitar argumentaciones en contra.
Cresto —compañero de fórmula del candidato a gobernador Julio Solanas— apeló al “compromiso del Poder Ejecutivo para que lo promulgue y lo ponga en funcionamiento con celeridad, ya que Entre Ríos necesita tener la relación del empleo regulada”.
Entre los cambios introducidos en la Cámara alta, que quedarían firmes, se incluye que el organismo de aplicación sea un nuevo ente conformado por miembros designados por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, que durarán seis años en sus cargos. De este modo, se modifica el texto de Diputados que designaba a la Dirección de Trabajo para cumplir esta función.
Además, se eliminan los artículos que disponían la posibilidad de pasar a disponibilidad a los agentes que ocupen cargos eliminados del presupuesto, por disolución de organismos, por ejemplo. Este punto, según la opinión de ATE, violaba la estabilidad del empleado público prevista por la Constitución provincial.
Se establece, además, que la comisión paritaria integrará a los representantes gremiales en representación proporcional a la cantidad de afiliados de cada uno de los sindicatos.
Por último, se cumple con un precepto constitucional, nunca cumplido, que se vincula con la creación de los Tribunales Administrativos. Es así que se crea un Jurado de Concursos y un Tribunal de Disciplina, organismos que integrarán a trabajadores elegidos por el voto directo y secreto de sus pares.
