El funcionario recordó además que, “al 31 de diciembre de 2014, el valor del dólar era de 8,55 pesos, y ayer, 31 de octubre de octubre de 2017, valía 17,89 pesos. Además, hemos soportado en este año y medio, el excesivo aumento de los precios de los medicamentos, a lo que hay que sumar la cobertura por aplicación de las leyes especiales y la judicialización a través de amparos”.
Pero también, el impacto del crecimiento oncológico, la sanción de leyes especiales para cubrir determinadas patologías y la alta judicialización de la salud, son factores que contribuyen para que Iosper tenga este año un déficit que, presumiblemente, alcanzará al 3,6 por ciento. “Las leyes especiales, que no aportan recursos extras para el organismo, y la judicialización, consumen el 12,17 % del presupuesto de Iosper”, advirtió Cañete.
Cañete precisó que, en cobertura de Leyes especiales, Iosper pagó hasta octubre de este año un valor de $ 176.400.000 y, en Judicialización, un total de $ 115.657.018 ($ 8.800.000 de honorarios judiciales y $ 34.600.000 en medicamentos de alto costo -importados y de uso compasivo-). “La suma de esos ítems da un total de $ 335.457.018, porcentaje que representa en el presupuesto prestacional anual de Iosper el 12,17 %”.
El titular de Iosper explicó que, si bien es cierto que las obras sociales sindicales pueden cubrir las leyes especiales, “porque reciben el reintegro del Sistema Único de Reintegro (SUR), instrumentado por la Superintendencia de Servicios de Salud para administrar los fondos para el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico (ex Administración de Programas Especiales -APE-), la única fuente de financiamiento que tiene nuestra obra social Iosper es el aporte de los trabajadores y la contribución patronal, no tiene recupero de ningún organismo nacional”.
El funcionario agregó que, “si se pretende legislar por patologías, el Programa Médico Obligatorio (PMO) debe contener más de 700 enfermedades; entonces, que los legisladores tomen el PMO y sancionen todas las leyes con carácter individual. Total, ¿cuál es el inconveniente de romper el sistema solidario y colectivo?”, fustigó.
Cañete advirtió que “se pone en riesgo el sistema solidario, porque los avances tecnológicos, el alto costo de la industria del medicamento, y los lobbys de los sectores empresariales, a quienes no les interesa la evaluación del costo beneficio, permiten que entre pocos afiliados se lleven el 20 % mensual del presupuesto de todos los demás”, confirmó.
“Pretendemos que los recursos que tiene nuestra obra social alcancen para todos los afiliados y no para unos pocos”, fustigó.
Párrafo aparte dedicó el funcionario a la situación que se genera por los amparos que recibe la obra social, cada vez con mayor asiduidad, “lo que nos obliga a realizar coberturas de distinta naturaleza. En judicialización, pagamos hasta octubre un total de $ 115.657.018 ($ 8.800.000 de honorarios judiciales y $ 34.600.000 en medicamentos de alto costo -importados y de uso compasivo-).
“La judicialización de la salud es una nueva enfermedad del sistema sanitario”, ironizó Cañete, y destacó que “tiene su etiología en la conflictividad social, las demandas sin límites y la connivencia de profesionales e instituciones de la salud y de la justicia. Su cuadro clínico se basa en la falta de respeto por la evidencia científica, el desentendimiento de los consensos internacionales y nacionales, no respetando muchas veces a los organismos reguladores, en este caso, Iosper”.
El funcionario recordó que el Instituto trabaja fuertemente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y destacó que pone a disposición de los afiliados, permanentemente, nuevos beneficios sin auditoria, instrumenta campañas de prevención, y brinda incrementos de cobertura. “Nosotros nos debemos a la totalidad de los afiliados, y no a unos pocos”, cerró.
