Argentina interpuso el 4 de mayo de 2006 una demanda contra Uruguay, reprochando al gobierno haber autorizado «unilateralmente» la construcción de dos fábricas de celulosa a orillas del río Uruguay. El argumento de Argentina se basa en que Uruguay no respetó las obligaciones de información y consulta previa, establecidas en un tratado firmado en 1975.
Dicho tratado establece que si bien «cada parte tiene derecho a utilizar las aguas del río en el interior de su jurisdicción», «también debe preservar el medio acuático e impedir la contaminación», algo que, según Argentina, no ha cumplido Uruguay.
Una de las plantas nunca llegó a ver la luz: su propietario, la española Ence, cambió de planes, vendiendo su proyecto al finlandés Stora Enso y al chileno Arauca, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira, en Colonia. Botnia en cambio siguió adelante, levantando su fábrica cerca del puerto fluvial de Fray Bentos, que entró en servicio en noviembre de 2007, con una capacidad anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa.
Desde Buenos Aires se entiende que la planta de Botnia «atenta contra la preservación del medioambiente del río Uruguay y su zona de influencia». La demanda de Argentina subraya: «La inquietud de las poblaciones ribereñas son referentes a los riesgos importantes de contaminación del río, de deterioro de la biodiversidad, de efectos nocivos para la salud y de perjuicios a los recursos pesqueros».
Pero el ex canciller uruguayo y actual ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, se mostró recientemente optimista sobre el desenlace judicial: «Estimamos y vamos con muy buen ánimo, de que se va a desestimar la demanda», declaró. Paralelamente a su demanda de fondo -la que se examinará a partir del lunes- Argentina había solicitado a la CIJ ordenar por medio de medidas cautelares la suspensión de las obras, algo que el tribunal rechazó el 13 de julio de 2006.
Durante todo este período la circulación por el puente binacional General San Martín está cortada debido al bloqueo que realiza sobre el mismo la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. En 2006 Uruguay había respondido recurriendo a su vez a la CIJ el 29 de noviembre de 2006, para pedirle que ordenara a Argentina poner fin al bloqueo del puente, pero el dictamen del 23 de enero de 2007 fue negativo. Desde entonces, el puente sigue cortado.
