Agmer solicitó ayer al titular de Trabajo, Oscar Balla, que constituya la comisión negociadora dentro de los próximos 20 días, lo que está previsto en el artículo 8 de la ley. Balla confirmó que recibió el pedido en la víspera y notificará al Consejo. Luego estimó que dicha comisión podría constituirse a mediados de mes, cuando ya se conozcan las nuevas autoridades del gremio mayoritario que serán electas el viernes 11.
El CGE debe suministrar la información necesaria para que se convoque a los representantes de los trabajadores, es decir, los padrones de afiliados que servirán de base para definir la cantidad de representantes de cada sindicato.
Los docentes tendrán cinco integrantes en la mesa de negociación y se estima que serían cuatro por Agmer y uno por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Las partes también podrán nombrar asesores con voz y sin voto para las deliberaciones.
Por el gobierno, habrá cinco representantes del Consejo de Educación. Pero la dirigencia gremial cuestionó la calidad de “interlocutores válidos”, de las autoridades del organismo. El secretario gremial de Agmer, Gabriel Perotti, dijo que eso fue evidente durante las negociaciones que se llevaron adelante este año, en las cuales la representación del gobierno “con poder de decisión”, la ejercieron el Ministerio de Gobierno y Educación y el Ministerio de Economía.
En Agmer se escucharon voces que desacreditaban la legitimidad de las autoridades del CGE para actuar como interlocutores en la citada comisión paritaria. Se debe a que los vocales del Consejo tendrían las horas contadas en sus cargos, pese a que Felipe Ascúa negó que esté pensando en alejarse de la Presidencia del organismo educativo.
Simultáneamente el secretario adjunto, Sergio Elizar, dijo en referencia a Ascúa: Durante los 20 días que restan para que se constituya la comisión, las partes definirán la agenda de temas a discutir. Entre ellos estará la recomposición salarial, bajo la exigencia gremial de incorporar importes al sueldo básico, y la condición del gobierno de ajustar cualquier aumento a lo previsto en el Presupuesto 2006, hoy en discusión en la Legislatura.
