El Tribunal de Juicio y Apelaciones está integrado por Pablo Virgala, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo. El fiscal es Franco Bongiovani y ejercen como defensores los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorellli.
El debate será transmitido en vivo y en directo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia.
La causa
El ex intendente de Crespo, Ariel Robles (PJ) se enfrentará a un pedido de condena de 4 años de cárcel, en el marco de un expediente en el que se investigó la presunta distribución de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”.
La misma pena fue solicitada para su exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; en tanto, para su exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel, hay un pedido de pena de 3 años y 6 meses de cárcel.
La diferencia en la solicitud del castigo se debe a que los dos primeros están acusados de coautores del delito de peculado, en tanto que al último se le endilga haber sido partícipe primario.
A Robles, Winderholler y Waigel se les endilga haber autorizado “de forma reiterada y sistemática la entrega de materiales de construcción, mediante desagregadas compras directas por un monto total de $ 953.227”, que surgieron tras solicitudes que realizaron diferentes habitantes en el área de Acción Social del municipio. Esa maniobra, según la Fiscalía, habría sucedido en el período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015.
Los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
Según indicó el fiscal Bongiovani en la audiencia de remisión a juicio que se realizó en 2018, la compra y entrega de materiales se dieron con mayor frecuencia en julio de 2015, cerca de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que ese accionar fue para “captar el voto de los vecinos”.
En aquella audiencia, ante la jueza Barbagelta, el fiscal también consideró que el intendente y su secretaria de Hacienda tuvieron un “rol determinante en la efectivización” de la maniobra “al validar las órdenes de compra y cada una de las erogaciones viciadas infringiendo los deberes que les competían”.
En el caso de Waigel, señaló que “asumió el comportamiento esencial en la faz resolutiva de la maniobra a través de la cual se apartaron esos caudales públicos”.
