El funcionario presentará un “avance del informe” sobre lo sucedido en la mañana del domingo en que se celebraba el Día del Padre, afectando a prácticamente a todo el país (salvo a Tierra del Fuego, que no participa del sistema interconectado nacional), además de regiones en países limítrofes. Cammesa, empresa mixta, responsable de la administración del mercado mayorista, y Transener, concesionaria del transporte en alta tensión bajo gestión privada, son las dos entidades apuntadas por las investigaciones que buscan determinar de quién fue la negligencia que provocó el inédito blackout. Apenas producido el colapso eléctrico, el funcionario aseguró que había “cero posibilidad de que pueda repetirse”, aunque al mismo tiempo admitió que no tenía idea de qué era lo que lo había causado.
Por otra parte, mientras se restablecía lentamente el servicio eléctrico en las localidades aledañas a la ciudad de La Plata, se conocieron nuevas manifestaciones críticas respecto de la actuación de Edelap, responsable del corte de suministro del último sábado en una parte de su área de prestación. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) denunció que, mientras Edelap obtuvo que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal le otorgara, además de un aumento acumulado de 3800 por ciento en las tarifas desde el inicio de su gestión, que los platenses tengan que pagarle “una compensación a la empresa por los mayores costos que le generó la devaluación, los balances de la concesionaria perteneciente a DESA (Rogelio Pagano) demuestran que Edelap estaba muy lejos de una situación de necesidad de compensaciones. Mucho menos, proveniente del bolsillo de sus clientes.
Según detalló Mariano Lovelli, titular del Cepis, la empresa de Rogelio Pagano aprobó en la asamblea anual de accionistas un balance con ganancias para el año 2018 por 2528 millones de pesos. En cambio, y en contraste con la cifra anterior, las inversiones consignadas en el mismo balance apenas alcanzan a 720 millones, es decir menos del 30 por ciento de los excedentes obtenidos en el mismo ejercicio.
Mientras las autoridades provinciales, sin la presencia de María Eugenia Vidal, se limitaron a anunciar una multa a Edelap y la eximición del pago de la factura para quienes resultaron afectados por el apagón, en la legislatura bonaerense se reclamó, desde la oposición, la rescisión del contrato de concesión. El Frente Renovador presento un proyecto de ley pidiendo que el gobierno dé de baja el contrato y proceda a la inmediata intervención judicial “para salvaguardar activos, garantizar la prestación del servicio y la continuidad de las fuentes de trabajo”. “Esto no se soluciona con una multa que tape todo, es necesario garantizar el servicio de luz en forma sostenida”, señaló el jefe de la bancada del FR, Rubén Eslaiman.
