A días de decidir el ingreso de Castrillón al STJ, el bloque de senadores del PJ dice que quieren “fortalecer y mejorar” la justicia

Hubo en Entre Ríos un antes y un después en cuanto a la designación de jueces. Fue cuando esta composición del Senado entrerriano modificó el artículo 19 de su Reglamento, creando con ello una serie de mecanismos que promueven la participación ciudadana en procesos que, hasta no hace mucho, eran de carácter secreto.
Hubo también un antes y un después desde que el Poder Ejecutivo, más allá de las facultades que le otorga la Constitución de 1933, autolimitó sus facultades en el proceso de nombramiento de magistrados, creando por decreto el Consejo de la Magistratura, logrando con ello transparencia y participación de la comunidad al momento de proponer un nombre para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
En este marco se trataron públicamente, de 2003 a la fecha, todas las solicitudes de acuerdo, incluyendo las de dos actuales miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Todas estas designaciones fueron analizadas en profundidad en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. Se aprobaron en su mayoría, pero cuando fue necesario se llegó –con fundados dictámenes- al rechazo de algunas.
Con rigor técnico, independencia en las decisiones y fuerte responsabilidad política, respondiendo al mandato popular, en este Senado se trabaja para fortalecer y mejorar el servicio de Justicia que se presta en Entre Ríos.
Debe saber la ciudadanía que aquellos designados para cubrir un cargo judicial están sujetos a estrictas normas Constitucionales a las que, indefectiblemente, deben ceñir su accionar. Si alguien llegara a proceder en forma incorrecta, hayan surgido por este mecanismo de selección o por los anteriores, debe ser sancionado y de ser necesario removido del cargo, aplicando rigurosamente la legislación vigente.
En este Senado provincial hemos estado y estamos abiertos a toda propuesta que permita mejorar la Justicia provincial.
Quienes conformamos este Bloque fuimos elegidos por voto directo. Tenemos un fuerte compromiso con la democracia y damos la bienvenida toda propuesta que también nos permita mejorar nuestro accionar.
En ese espíritu republicano se tratan y responden todas las impugnaciones o cuestionamientos que puedan aparecer en relación a un candidato a ocupar un cargo en la Justicia. Así se ha hecho, así se hará. Pueden incluso dar cuenta de ello quienes en esta coyuntura intentan –vanamente creemos- echar sombras a un accionar que es, por sobre todo, transparente y políticamente responsable.
Debe saber el Pueblo entrerriano que si el Poder Ejecutivo y el Senado entrerrianos que asumieron en diciembre de 2003 no hubiesen tomado las decisiones políticas que tomaron, la elección de un juez continuaría haciéndose a espaldas de la ciudadanía. No lo hicimos ni lo haremos.
Somos tolerantes. Creemos en las instituciones republicanas y, con todas nuestras fuerzas –es bueno reiterarlo- trabajamos para fortalecerlas.
Por último queremos destacar que, sea cual fuere la decisión que tomemos en relación a los pedidos de acuerdo para designar magistrados, sabemos que la Constitución entrerriana y la Legislación vigente, contienen los remedios para salvar cualquier error. Además, cualquier ciudadano que así lo considere, puede ponerlos en marcha.
No ha de ser desde la ofensa o la creación de sospechas como hemos de lograr más y mejor Justicia para todos.
Esto será posible respetando las instituciones, de cara a la comunidad. No solo reclamando conductas sino también actuando en forma transparente y siendo respetuosos de la Constitución y la ley allí donde debamos desempeñar una tarea.