La Cámara baja en su última sesión, dio aprobación a un texto que surgió del consenso entre el proyecto de Rubio y otro de similares características, de la diputada Rosario Romero.
Al fundamentar su proyecto, Rubio había considerado que las demoras o largas esperas constituyen un trato indigno y hay muchas formas de tratar de esa forma al usuario. Una de ellas es someterlos a trámites excesivos o a prolongados retrasos. “Si los usuarios se transforman en rehenes de los proveedores, lógicamente estamos ante situaciones no equitativas, que los colocan en una posición de clara y manifiesta indefensión frente y ante los proveedores», dijo.
Luego agregó: «permitir que los proveedores impongan a los usuarios medidas de atención que impliquen retraer los derechos de estos últimos, aun porque generan pérdida de tiempo, implica sin dudas, una decisión que atenta contra la dignidad del sujeto usuario, quien es dueño de su tiempo, y tiene la libertad de disponer de él como le plazca”.
En ese sentido, sostuvo que el retraso del proveedor con cumplir sus obligaciones significa nada menos que “la privación del derecho elemental del ser humano de decidir cómo y dónde ocupar su tiempo», remarcó.
Rubio expresó que es «pertinente la sanción definitiva de una norma específica que sancione al proveedor cuando hace incurrir al usuario en esperas innecesarias y excesivas, que implican una manipulación del tiempo de éstos y, consecuentemente, un trato indigno».
