Larocca explicó que el proyecto original elaborado por Wdowiak tenía considerandos “desde el punto de vista constitucional de contenido netamente discriminatorio”. Sabido es que la norma fue elaborada para obstaculizar el ingreso de los comerciantes asiáticos al rubro, aunque su autor no lo asuma públicamente. “El espíritu de esta ordenanza está destinada a impedir la radicación o por lo menos crear obstáculos para la radicación de nuevos comercios”, dijo Larocca.
Pero ayer, en la sesión del Concejo Deliberante se modificó el proyecto, considerándose que ayudaría a resolver los problemas de tránsito. El proyecto exige playa estacionamiento para carga y descarga y para clientes.
Larocca razonó que si esa hubiese sido la intención primordial del proyecto, también se hubiese destinado un artículo para encuadrar a los comercios que actualmente no tienen estacionamiento. Pero la ordenanza “no exige que en un plazo de dos o tres años deban adecuar sus locales. El problema es que si queremos resolver e tema del tránsito o de las molestias de los vecinos, tendríamos que abarcar a los comercios habilitados para que en determinado plazo se adecuen”.
Lo cierto es que “los comercios que hoy por hoy están radicados no van a sufrir los alcances de la misma salvo que quieran modificar el local en el cual funciona”.
Larocca también analizó la cuestión desde el punto de vista de la libertad para comerciar y citó como ejemplo el fallo emitido por el Juzgado Correccional de nuestra ciudad, cuando la Dra. Patricia Pérez era la titular. La sentencia, con fecha 16 de mayo, anuló la suspensión de las habilitaciones comerciales sancionada por el Concejo Deliberante el 7 de abril por considerarla “de una manifiesta y notoria ilegalidad porque cercena el derecho a trabajar y a ejercer el comercio y viola principios constitucionales”.
“Mi planteo apuntó a salvaguardar los principios constitucionales, porque yo entiendo que todo lo que es la regulación de comercio extranjero de nuestra ciudad debe hacerse por órbita del Congreso Nacional dado que actualmente está en vigencia el decreto Nº 2284/91 de regulación económica, dictado en el gobierno de Menem, el cual estableció la eliminación de todas las restricciones a los comercios mayoristas de productos alimenticios perecederos”, expresó el edil.
El decreto mencionado por Larocca, en su art. 1º, establece que quedan sin efecto: “las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional”. En su art. 7º, declara que quedan: “sin efecto todas las restricciones al comercio mayorista de productos alimenticios perecederos”.
Para el edil, “a veces desde el Concejo Deliberante, las facultades son bastante limitadas o acotadas. De allí que el poder de policía cuando se ejerce de una manera persecutoria o desigualitaria hacia un sector no es avalado por la Justicia”.
De todas formas, Larocca expresó sus dudas debido a que los supuestos beneficios a corto plazo pueden volverse perjuicios a largo plazo. “Quien venga a invertir de ahora en más o que venga a abrir un supermercado, va a buscar un local adecuado a esto, va a tirar abajo una pared y o va a lograr y el concordiense que no tenga el recurso no lo va a poder hacer”.
