Luego del paro de 96 hs. efectuado la semana pasada, el Gobierno hizo conocer la voluntad de aplicar descuentos sobre los días no trabajados. Luego revió esa decisión, debido a que negoció, junto a la promesa de futuros aumentos y paulatinos blanqueos de sumas en negro, no aplicar descuentos a cambio del levantamiento de la protesta, y la vuelta a clases desde el lunes último.
Pero ayer, la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió a denunciar “persecuciones y aprietes”. Paraná tomó conocimiento del texto de la resolución 293 del Consejo General de Educación (CGE). La normativa habilitó a los supervisores a efectuar controles de planillas de asistencia durante todo el mes, y no sólo entre el 1 y el 5 de cada mes, como era usual.
Al respecto, la entidad denunció “la ilegalidad de las disposiciones del presidente del CGE, Felipe Ascúa, y de las direcciones departamentales que implementan un dispositivo de contralor de la asistencia de los docentes por encima de las atribuciones que, por normativa, corresponden a los directivos de escuelas en una arbitraria persecución a quienes constitucionalmente hacen uso de su derecho a la huelga”.
“Esta política violatoria de nuestros derechos que intenta comprometer a trabajadores de otras reparticiones, se encuentra con la negativa de directivos, trabajadores administrativos y municipales que con dignidad no se prestan a ser instrumento de esta actitud policíaca”, subrayó Agmer.
Más adelante, añadió: “en un marco democrático, toda política que penalice, persiga y socave derechos, debe ser condenada si no queremos retrotraernos al autoritarismo del pasado”.
En ese sentido, Roque Santana, secretario gremial de Agmer Paraná, dijo que el cambio implica “una práctica autoritaria y de persecución, justo en un momento en que rige una impasse dispuesta por el gremio, votada por mayoría”. El dirigente puntualizó: “Nosotros sostenemos los reclamos que nos llevaron a la lucha, y de ninguna manera estamos analizando devolver los días de paro. Y porque además, el propio Gobierno consideró legítima la demanda”.
