El paro, que se reiterará la próxima semana, jueves y viernes, tuvo picos superiores al 90 % en los departamentos Federación, Victoria, Uruguay, La Paz y Gualeguay, y tuvo menor impacto en Paraná, donde el nivel de ausentismo se ubicó en torno al 68 %, y en Islas, donde sólo faltó el 37 % de los docentes.
Víctor Fassi, vocal del CGE, reiteró ayer a EL DIARIO que el Gobierno no ha variado su postura respecto de aplicar descuentos sobre los días no trabajados por parte de los docentes, medida que se traducirá en la pérdida del adicional por productividad, que representa el 7 % del salario, y además cada una de las cuatro jornadas que no se trabajarán en agosto. Las mermas se aplicarán sobre trabajadores que, en el caso del cargo testigo, el maestro de grado, tienen un básico de 204,59 pesos, con un ingreso de bolsillo garantizado que llega a los 700 pesos.
La determinación está contenida en la resolución 1.910 del CGE por la que se dispuso el descuento de los días no trabajados durante los días de huelga que cumplan los docentes el 3, 4, 10 y 11 del actual en la provincia. La norma señala que si bien “se respeta la decisión adoptada por las entidades gremiales de convocar a una huelga, los días de inasistencia no deben ser abonados, ya que no se ha puesto su fuerza de trabajo en beneficio del organismo, y por ende de los alumnos, considerándose que corresponde proceder por ello al no pago de los haberes por todo el tiempo que los mismos no presten servicios efectivos y en proporción al tiempo de la retención efectuada, respetándose asimismo, y respecto de los demás docentes, el principio constitucional que establece la igualdad de compensación por igualdad de tareas”.
RECHAZO.
Al fundamentar la decisión, el CGE entendió que la medida “guarda estrecha relación con el hecho de que el empleador no ha recibido la prestación completa de los servicios por parte del docente que se adhiere legítimamente a la medida de fuerza, y que por ello es legítimo y justo que no se abone un servicio que no se ha prestado. Entendiendo que el salario es la contraprestación del trabajo, consecuentemente la ausencia al lugar del trabajo hace inviable la retribución”.
Pero ese anuncio chocó ya con la férrea oposición sindical, que amenaza recurrir a la Justicia no bien el Gobierno aplique los descuentos, estimativamente a fines de mes. Así lo vaticinó el titular de AMET, Hugo de Bueno, en la movilización docente de anteayer, cuando señaló que se recurrirá a la vía legal y sindical para contrarrestar la pretensión del Gobierno.
A su turno, Gabriel Perotti, secretario gremial de Agmer, sostuvo que antes de aplicar los descuentos el Gobierno “debería declarar ilegal los paros, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Sólo el Ministerio de Trabajo de la Nación puede declarar ilegal una medida de fuerza, no la Dirección de Trabajo.
De todas formas, el CGE viene avanzando en la aplicación del descuento de haberes. Al respecto, el coordinador del área Liquidación de Haberes de Educación, Néstor Grifoni, firmó una circular que se distribuyó a todas las escuelas en la que ordena qué procedimientos seguir para notificar las ausencias producto de la adhesión a las medidas de fuerza. La exigencia hecha por Grifoni es que los datos deberán estar “en forma urgente dentro de las 48 horas posteriores a la culminación del paro de docentes”.
