Anoche, los senadores, por unanimidad, dieron media sanción a una propuesta remitida desde el Ejecutivo, a instancias de la ATER, cuyo titular es Marcelo Casaretto. En la misma se abre una especie de amnistía o indulgencia general para aquellos propietarios de vehículos que eluden o no cumplen “con los deberes formales”, es decir que el bien que utiliza o guarda en un lugar no coincida con el que se encuentra inscripto. publicó esta mañana El Once de Paraná.
Según fuentes de la Agencia, el Ejecutivo provincial no hizo más que oír un cada vez más creciente reclamo de los municipios –especialmente Federación, Federal, Feliciano, Concordia, y La Paz–, que son los que más sufren el ardid de muchos de sus ciudadanos radicados en esas ciudad, pero que inscriben los automóviles en otras provincias, perdiendo así los ingresos por la coparticipación correspondiente del Impuesto Automotor, donde Provincia les otorga el 40 % del total.
De acuerdo a la letra de ley, que ahora deberá debatirse en Diputados, el sistema es presentado como un Régimen Especial de Regularización Voluntaria de inscripciones registrales de vehículos automotores patentados en otras jurisdicciones cuyos titulares tengan domicilio en Entre Ríos, “o cuando los citados bienes tengan efectiva guarda habitual en la provincia, en los términos del Código Fiscal (TO 2006 y modificatorias), condonándose las deudas tributarias vencidas hasta el momento de la inscripción en la provincia, correspondientes al Impuesto Automotor, sus intereses y multas”.
Asimismo, en su artículo 4° –de los siete que tiene el proyecto–, se prescribe una condonación de las deudas tributarias vencidas hasta el momento de la inscripción, correspondiente al Impuesto Automotor, sus intereses y multas. Es decir que aquellos pagos pendientes, obviamente previos al cambio de domicilio del auto, quedan eximidos de esas deudas.
El Gobierno provincial brindará un plazo de 60 días corridos para todos aquellos entrerrianos que “repatríen” al territorio provincial su vehículo. Sin embargo, nada especifica la ley acerca de multas, sanciones ni investigaciones fiscales que busquen acreditar el acto lesivo contra el Fisco provincial, porque según explicó el senador Enrique Cresto, la ATER tiene un sistema completo de individualización de los cambios en los registros de la propiedad, y posee unos 7 mil expedientes a puntos de iniciar sumarios, superados estos 60 días.
