La nueva guerra fría entre China y Estados Unidos tiene su propia carrera tecnológica. Si hace sesenta años las potencias competían para llegar antes al espacio exterior, hoy apuntan al ciberespacio, teatro de operaciones de este conflicto en cámara lenta. Eso explica que el desarrollo de la tecnología 5G, la próxima revolución de conectividad, que ya está en marcha, sea un asunto estratégico para ambos países y que su despliegue en América Latina, frontera en disputa, haya formado parte de la agenda del Asesor Nacional de Seguridad, Jake Sullivan, durante su visita a Brasil y Argentina.
No obstante, cabe hacer una distinción: el asunto no tuvo la misma prioridad en ambas escalas del viaje. La agenda posible entre Joe Biden y Jair Bolsonaro es muy acotada y la visita estuvo al borde del desastre por destrato del anfitrión. En Brasil, además, la licitación para instalar la red de 5G es inminente y la difícil misión de Sullivan era evitar que el proyecto recaiga en la compañía china Huawei. Según informaron medios locales, ofreció, a cambio, un asiento en la OTAN. El precio, alto, habla de la importancia que le asignan en Washington. Corren muy de atrás: la economía brasileña a esta altura depende de Beijing.
En Buenos Aires, en cambio, el asunto estuvo en agenda pero no fue prioritario, al punto de que no se mencionó en el almuerzo del emisario con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Sí en una reunión previa, de varios ministros del gabinete con la comitiva, a la que luego se sumaron Sullivan y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que le hizo marca personal durante su estadía en el país. Y también en una mesa organizada por la Embajada de Estados Unidos, de la que participaron empresas de telecomunicaciones argentinas y el director de Asuntos Técnicos del Enacom.
Sucede que aquí todavía no comenzó el proceso para licitar el espectro y, aunque Fernández quiere resolverlo antes de que concluya su mandato, no está previsto que haya una adjudicación en el corto plazo. Además, la ley argentina establece que el Estado se limita a concesionar el espectro a las empresas que brindan servicios de telecomunicación (en este momento son Telefónica, Telecom y Claro) y son ellas las que eligen a quién comprar los equipos, motivo por el cual, bajo el marco normativo vigente, no corresponde al gobierno nacional decidir qué proveedores participarán del despliegue de la red.
Qué es el 5G y por qué es tan importante
El 5G Se trata de la siguiente generación de tecnología para la transmisión inalámbrica de datos, varias veces más robusta, rápida y estable que el 4G que se utiliza actualmente, su implementación no solamente mejoraría sensiblemente la conectividad actual sino que abre la puerta a la masificación del Machine to Machine (clave para la automatización de la industria), la internet de las cosas (que conectará en red todos los aspectos de la vida doméstica y/o laboral) y el protocolo URLLC (para transmisión permanente e instantánea de datos).
Los expertos consideran que el despliegue de la red 5G implicará una mayor dependencia de ese servicio en áreas clave del Estado y del sector privado, por eso plantea a todos los países un problema estratégico de seguridad. No solamente por la posibilidad de sufrir espionaje o el robo de información, sino que una falla o una puerta trasera dejaría vulnerable el sistema ante ataques del exterior que pueden tener graves consecuencias: desde interferencia en las telecomunicaciones hasta anular la grilla energética de una región o todo el país, boicotear la actividad industrial o colapsar el sistema bancario, sanitario o militar.
Por eso Estados Unidos considera prioritario evitar que el proveedor de los fierros para el 5G en América Latina sea Huawei. Para el gobierno norteamericano, la empresa es solamente una fachada que esconde los intereses del Partido Comunista y sus terminales (antenas, células, routers, servidores), un potencial ejército de quintacolumnistas cibernéticos en la región que aún consideran su patio trasero. Con el pequeño detalle de que Washington ya no puede imponer condiciones en la región como en otras épocas.
No solamente el flujo de capitales chinos en América Latina se volvió irremplazable durante los últimos veinte años, aplicando cambios irreversibles a la potestad norteamericana sobre la región. Además, específicamente en la cuestión del 5G, Washington corre con la desventaja de estar entre un año y medio y tres años detrás (depende a quién se le pregunte) en la carrera tecnológica: según un documento de este año del think tank Council on Foreign Relations, “Estados Unidos no tiene ni va a tener una compañía que pueda proveer el paquete completo de equipamiento para desplegar tecnología 5G”.
Otras empresas europeas (Nokia, Ericsson) y asiáticas (Samsung, LG) que participan de la carrera también están quedando rezagadas, según admitieron las propias compañías el año pasado. Mientras tanto, China, a través de la llamada Nueva Ruta de la Seda, que financia una serie de iniciativas de infraestructura en todo el mundo, logró utilizar su ventaja tecnológica para expandir su influencia en todo el planeta. En los últimos años Huawei, gracias a esta política del Estado chino, se consolidó como la compañía con más contratos para desplegar redes 5G del mundo. La mitad de esos contratos están en Europa.
Mientras tanto, cada vez más países ponen trabas al desembarco de esa compañía, por alineamiento con Washington o por dudas genuinas sobre su conveniencia. Una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, prohibieron el desembarco de Huawei. Otros, donde ya había comenzado, como la India y Francia, tomaron medidas para revertirlo. Y en muchos, aunque no existan trabas legales, se incentivó la adopción de otras empresas. Sin embargo, cada vez más países, incluyendo aliados como Arabia Saudita y miembros de la OTAN como Países Bajos y Turquía, están utilizando tecnología china.
La alternativa que está impulsando el gobierno norteamericano desde la llegada de Biden a la Casa Blanca es un protocolo llamado Open Radio Access Network (Open RAN), que a diferencia del modelo actual no depende de una sola empresa que provea el paquete cerrado sino que apuesta a una construcción modular de una red con estándares abiertos, es decir, con la capacidad de integrar partes de distintos orígenes, abriendo la puerta a que más compañías entren en el juego. Eso permitiría mayor especialización, una paleta más amplia de herramientas y, en teoría, una caída pronunciada de los costos de despliegue.
Entre quienes proponen adoptar el modelo abierto que proponen desde Washington destacan que ese esquema permitirá que empresas argentinas intervengan en la cadena de valores. Por ejemplo, aseguran, que con el Open RAN sería más sencillo articular la participación de ARSAT
Del Open RAN se habló en el encuentro de la comitiva norteamericana con el Enacom y las telcos argentinas, que serán, al fin y al cabo, y si no se cambia la ley, quienes deberán decidir qué tecnología van a adoptar para brindar el servicio. Eso no significa que el Estado vaya a permanecer al costado de una decisión tan importante. Antes de avanzar con el desarrollo de la red, deberá discutirse un marco legal que atienda las nuevas demandas en materia de ciberseguridad, condiciones del servicio, neutralidad de la red, entre otros ítems. En esa letra chica se saldará buena parte de los debates sobre la materia.
Ante los enviados norteamericanos, el gobierno argentino aseguró que eso no sucederá en los próximos meses. La demora fue bienvenida como una buena noticia, porque todavía faltan meses o años para que la tecnología Open RAN pueda competir de igual a igual con Huawei. Sin embargo el retraso no tiene motivos geopolíticos sino domésticos: con la administración nacional en pie de guerra contra las telcos que suben sus tarifas en desacato de las disposiciones del Enacom, el momento no parece propicio para abrir una licitación de espectro que, se espera, podría dejarle al Estado alrededor de 3 mil millones de dólares.
Los yanquis aseguran que la desventaja con la que corren quedará saldada pronto porque la empresa china sufre una escasez de chips que causará demoras en el cumplimiento de contratos con distintos países durante los próximos dos años o la utilización de insumos de segunda calidad que terminarán afectando servicios críticos. La falta de chips es real, aunque en parte se debe a que esos chips se fabricaban principalmente en los Estados Unidos y a partir del año pasado el gobierno prohibió su exportación específicamente con la intención de ralentizar el despliegue de las redes 5G de Huawei.
En el gobierno argentino las opiniones están divididas. Entre quienes proponen adoptar el modelo abierto que proponen desde Washington destacan que ese esquema permitirá que empresas argentinas intervengan en la cadena de valores. Por ejemplo, aseguran, que con el Open RAN sería más sencillo articular la participación de ARSAT en la operatoria, para llevar conectividad a zonas donde las prestadoras de servicios no llegan o dar herramientas (a las universidades, a la industria, y a las propias instituciones nacionales, provinciales o locales) que los privados no estén interesados en ofrecer.
Del otro lado están los que insisten en la conveniencia de avanzar lo antes posible: Argentina desplegó su red de 4G varios años después que otros países de la región y no puede permitirse repetir esa demora, sostienen. La mejor tecnología disponible en este momento la ofrece Huawei y eso no debería ser un obstáculo para adoptarla. Técnicamente, están dadas las condiciones para licitar el espectro en menos de un año y comenzar a desplegar la red antes de 2023. La decisión es política y está sobre el escritorio en el despacho de Alberto Fernández.
