La campaña del “Sí”, que aspira a la derogación de un grupo de 135 enunciados, ha sido impulsada por el partido más importante de la oposición, el Frente Amplio, además de contar con el apoyo de organizaciones sociales universitarias, trabajadoras, feministas, cooperativas y jubilados.
Por otro lado, el gobierno encabezado por el presidente Lacalle, la Coalición Multicolor y algunas organizaciones empresariales constituyen las fuerzas promotoras del “No” a la derogación de los 135 artículos.
De acuerdo con medios locales, están habilitados para asistir a las urnas un total de 2.500.000 uruguayos.
A partir de este viernes, las labores proselitistas de ambas campañas quedan paralizadas con el objetivo de permitir un espacio para la reflexión de los votantes.
Los sectores de la oposición consideran que la LUC se encamina fundamentalmente a favorecer al sector privado frente al público, por lo que afirman que está en juego derechos elementales de los trabajadores y de los ciudadanos en general.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), promulgada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus en 2020.
Esto ocurrió gracias a que la Constitución del país vecino establece que el Poder Ejecutivo puede enviar al Congreso proyectos de ley de carácter urgente, lo que habilita un tratamiento exprés en el recinto.
Así, el 8 de julio de 2020, el Poder Legislativo sancionó la LUC, de 475 artículos, la cual ha sido muy criticada por la oposición, ya que contiene polémicos apartados que limitan el derecho a huelga, establecen la figura de “apariencia delictiva”, habilitan los desalojos exprés y eliminan la obligatoriedad de la educación, entre otras cuestiones.
Ante esta situación, la oposición, que contó con el apoyo de ONG, sindicatos y organizaciones sociales, reunió más de 750.000 firmas para habilitar una votación que permita derogar los artículos más polémicos.
Además de declarar ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación, la LUC también aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta los US$ 100.000 y habilita el cierre y/o privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
En el “cierre de campaña”, el presidente Lacalle Pou consideró que “la derogación significaría claramente un retroceso (…) No es lo mismo gobernar con estos artículos que sin ellos».
Sin embargo, explicó que, si la ley no es derogada, él “no lo llamaría un triunfo: no es para festejar, es la ratificación de una herramienta».
Según los últimos sondeos, sin contar los votos nulos o en blanco, el 45% de los uruguayos se inclinaría por mantener los artículos y el 41% por derogarlos, mientras que el 10% se mantiene indeciso.
