Cuando el ex presidente Mauricio Macri mandó el proyecto de ley habilitando el pago de la deuda a los fondos buitres no tenía la mayoría en el congreso, por lo que hubo una negociación con un sector de la oposición que, a cambio de aprobar el pago de los buitres, reclamó la constitución de una comisión de seguimiento de la deuda. Esa comisión ha cobrado sentido ahora y le ha mandado un cuestionario al Banco Central donde le pide la identificación de las personas y empresas; además de los datos de cada una de las transacciones, no sólo de quienes hicieron las transferencias sino también a través de qué entidad y dónde se depositó. Una reconstrucción de lo sucedido para saber también si se fueron a guaridas fiscales e información específica sobre los días de abril de 2018 donde hubo un salto en la cotización del dólar y otros días donde haya habido saltos en la cotización de dólares, tratando de averiguar si además existieron conflictos de intereses, uso de información interna y privilegiada para beneficios personales y de privados.
Los nombres de la empresas y personas que realizan maniobras de fuga de capitales se repiten una y otra vez en la 4 listas que se han publicado en los últimos 20 años sobre formación de activos en el exterior (fuga): 2001 en un informe que realizó una comisión en la cámara de diputados que presidia el diputado Eduardo Di Cola; otro en 2008-09 que confeccionó en 2018 el Área de Economía y Tecnología de FLACSO; y un tercer informe en 2011 que publicó el periodista económico Alfredo Zaiat en uno de sus libros.
El 50 por ciento de la empresas publicadas en esta cuarta lista están en algunas de las 3 listas anteriores y 5 empresas están en todas las listas por lo que se puede inferir que se trataría de un modus operandi.
De esta lista reciente se desprende también una lectura alternativa: Un 50 por ciento de empresas que nunca habían utilizado este tipo de operaciones o maniobras de fuga de divisas, sí lo hizo durante los años del gobierno de Macri cuando se facilitaron todas las condiciones para que eso sucediera.
Muchos defensores del modelo neoliberal acusan que durante el gobierno de Cristina Fernández también hubo fuga. Si bien es cierto porque siempre hay fuga -ya que forma parte del proceder de un sector importante y poderoso del empresariado que actúa en la argentina- la diferencia sustancial es que el gobierno de Cristina Fernández tomó medidas para impedirlo (cepo cambiario y control del valor de las divisas, por ejemplo) y además dejó a la Argentina con el menor nivel de endeudamiento en dólares con acreedores privados en toda su historia -15 por ciento en relación al PBI-; En cambio, Macri -y gracias a lo que le dejó Cristina- se lanzó a una desaforada carrera de endeudamiento externo que alcanzó el 90 por ciento en relación al PBI que es lo que ha generado la crisis actual, además de suprimir todas las regulaciones, todos los controles y permitió y estimuló la bicicleta financiera y la fuga.
Las grandes empresas siempre fugaron, pero mientras un gobierno recuperó capacidad de decisión, el otro tornó al país más dependiente que nunca. El actual está negociando con el FMI y los acreedores privados cómo salir de ese default, con un trato que sea económica, política y socialmente sustentable y espera llegar a un acuerdo el mes próximo.
En el informe el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza figuran en el pelotón de punta entre quienes sacaron del país 86.000 millones de dólares, con “una notable concentración en unos pocos actores económicos”, según el informe publicado por el Banco Central.
Los principales accionistas de esas empresas —Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Luis Pagani, Marcelo Mindlin y Miguel Acevedo—, forman parte de la Asociación Empresarial AEA, participan de IDEA y de la Unión Industrial, las entidades de lobby patronal que presionan al gobierno para que mejore la oferta a los bonistas bajo ley de Nueva York, pague los salarios de sus trabajadores, permita despedirlos, suspenderlos y reducirles su retribución; elimine las retenciones a las exportaciones agropecuarias, reduzca el déficit fiscal y archive el proyecto de ley de contribución extraordinaria para las grandes fortunas.
También tiene un lugar destacado entre los apostadores contra el desarrollo del país el heredero de FIAT, Cristiano Ratazzi, a través de FIAT Auto, que preside, y de la subsidiaria que fabrica los camiones IVECO. Ratazzi fue fiscal de Juntos por el Cambio en las últimas dos elecciones y es uno de los grandes críticos del peronismo posterior a Menem, de quien fue íntimo. En el libro La Fiat in America Latina 1946-2014, que acaba de publicarse en Roma, la historiadora italiana Eugenia Scarzanella afirma que Fiat es un caso paradigmático del uso de las disposiciones del Banco Central para liquidar las propias deudas y otorgarse autopréstamos mediante los seguros de cambio.
Un número significativo de los clientes del estudio que atendió Carlos Rosenkrantz hasta que Macri lo envió en comisión a la Corte Suprema de Justicia, está representado en la nómina compilada por el Banco Central: el Grupo Clarín, la Cervecería Quilmes, Pan American Energy, Claro, YPF SA, Barrick Exploraciones Mineras, entre otros.
En la mitad de la tabla figura Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, de la que también formó parte Macri y que ahora se denomina IATEC. Allí hay una división familiar del trabajo, porque el primo Toto Caputo endeudó al país para que Nicky tuviera suficientes dólares a su disposición.
La formación de activos en el exterior, como se denomina en lenguaje técnico, fue una operación legal entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, por lo que la mención de quienes fugaron del país los millones de dólares que el gobierno de entonces obtuvo en préstamo en el mercado voluntario de crédito hasta febrero de 2018, y del Fondo Monetario Internacional cuando aquella ventanilla se cerró, no implica atribuirles ninguna infracción a la ley penal. Cuando el propio gobierno se convierte en algo parecido a una organización delictiva, las actividades realizadas a su amparo gozan de la protección de la ley.
Pasado mañana, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que preside el Senador Nacional José M. A. Mayans, tratará un proyecto presentado por una docena de senadores que requiere informes al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sobre las listas de personas físicas y de personas jurídicas que participaron en la Formación de Activos Externos bajo el anterior gobierno y continuaron operando hasta el presente.
El informe completo y las listas en el siguiente link:
